Los datos mencionados han sido proporcionados por la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras. “Hay un colectivo aproximado de 350 mil personas en España, de los cuales 1.300 son detenidos al mes y a algunos de ellos se les inicia el trámite de expulsión. Datos oficiales con los que cuentan y que a la vez son cruzados con los datos oficiales del Gobierno de España”, indica la diplomática.
La embajadora precisa que al menos 250.000 compatriotas suyos en España, de los 350.000 que se cree viven aquí, no tienen papeles de residencia. Cuando un extranjero no posee esta documentación y un policía se la pide, hay tres posibilidades, porque todo depende de la discrecionalidad del agente.
La primera opción es que no ocurra nada, y el extranjero siga su camino tras una llamada de atención. La segunda posibilidad es que la persona en cuestión sea llevada a comisaría y allí se le abra un expediente de expulsión que, dependiendo de los plazos transcurridos y de los recursos y fundamentos que para su estancia pueda encontrar, el extranjero finalmente permanezca en España o, si hay mala suerte, sea al final deportado. La tercera opción es sin duda la más triste: el agente de policía tiene la potestad de llevar detenido al extranjero sin papeles y proceder a su expulsión en el mismo día.
En lo que llevamos de 2008, más de 10.000 bolivianos han recibido cartas de expulsión. Y es que se han intensificado los controles, aleatorios o no, que realizan los agentes en las calles de las grandes ciudades, principalmente.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, asegura que no hay una política determinada de realizar redadas “anti-inmigrante”.
Pero lo cierto es que en el último año se han multiplicado las solicitudes masivas de documentación a grupos de extranjeros que son requeridos por la Policía al salir, por ejemplo, de restaurantes y otros puntos de reunión, generalmente los fines de semana.
Este hecho, perfectamente conocido por colectivos como el boliviano, está generando una preocupante situación de alarma, inseguridad e intranquilidad en la colonia boliviana. La mayor parte de estas personas trabajan en España, como lo sabe
cualquier inmigrante; los extranjeros no pueden darse el lujo de no percibir ingresos, y menos cuando no tienen papeles ya que en ningún caso reciben subsidio de desempleo.
Es la contradicción flagrante de las leyes y de la sociedad españolas. Por un lado necesitan a los inmigrantes pero por otra parte les ponen las cosas muy difíciles y les obligan a pagar un peaje demasiado caro, en muchos casos, que puede llegar a la deportación. Los españoles, empezando por el Gobierno, son plenamente conscientes de que hay en España inmigrantes sin papeles haciendo los trabajos que los españoles ya no quieren realizar; si no, ¿para qué existe el arraigo social y el arraigo laboral?
El caso es que en los últimos meses centenares de bolivianos son detenidos en lugares como parques, paradas de autobús o bocas de Metro.

Esperando que pase el tiempo
Recientemente estuvo en España David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Ante la prensa informó que había tratado con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, el caso de los bolivianos en situación irregular. En un primer momento dijo que había logrado que el Gobierno Español regularice a sus
compatriotas. Pero, por lo visto, fue un lapsus, una confusión entre deseos y realidad. Porque la embajadora Almendras rápidamente se ocupó en aclarar que no era así, y que en España continúan vigentesúnicamente las regularizaciones caso por caso.
Almendras ha indicado, optimista, que “si las normas españolas no cambian, tenemos figuras sociales como el arraigo social, laboral y el reagrupamiento familiar, medidas que podrían beneficiar al colectivo y si el último boliviano indocumentado ingresó el 2007, para el 2010 la mayoría tendrá que estar regularizado caso por caso”.
Mientras pasa el tiempo, pues, y los bolivianos esperan pacientemente a lograr sus dos años de estancia en España para pedir arraigo laboral o sus tres años para pedir arraigo social, el riesgo de detención y deportación es una ruleta rusa.

El miedo
Edwin Carhuamanca nos cuenta que un amigo suyo, procedente de Cochabamba, fue deportado recientemente. Fue detenido un domingo al salir de un restaurante, donde había pasado el día con amigos compatriotas suyos. “Fue terrible. Ni siquiera le
dejaron ir a su casa para recoger sus cosas mínimas personales. Estos casos abundan últimamente.
Nadie sabe por qué les toca a nos sí y a otros, felizmente no. El que menos conoce a un amigo o incluso familiar que ha sido expulsado. Por eso ahora la gente tiene miedo, la gente prefiere no salir los fines de semana. Nos pasamos de lunes a viernes
trabajando duro y ahora resulta que ni siquiera podemos distraernos sábado y domingo. Digan lo que digan la policía está al acecho, esperando justamente los fines de semana. Se ve que saben dónde se reúne la gente”, indica.
Mónica Toledo, de La Paz, trabaja como interna cobrando 700 euros mensuales en una casa en la que debe limpiar, cocinar y cuidar de un niño pequeño. Señala: “Todo el mundo sabe que los bolivianos generalmente no tenemos residencia.
Por eso es que nos pagan por debajo de lo que corresponde. Sin embargo siento que nadie hace nada para que nos regularicen, aunque nos necesitan. Encima ahora tenemos que cuidarnos de no salir a sitios públicos los días de descanso porque hay riesgo de redadas contra los inmigrantes” ●