Franns trabajaba haciendo pan en la empresa de los hermanos Rovira, unas personas que, a la luz de la historia, carecen de escrúpulos. Estaba, como otros empleados, al mando de unos jefes que nunca lo pusieron en nómina. Recientemente le habían bajado el salario mensual de 900 a 700 euros. ¿Quién podía impedírselo? Al fin y al cabo ni Franns ni sus compañeros podían denunciarlo al carecer de permiso de residencia. Sin embargo Franns se sentía contento por poder tener un trabajo, incluso había enviado a sus familiares una foto en la que salía él sosteniendo el embudo de la máquina panificadora que terminaría amargándole.
Detrás de la foto había escrito: “El embudo que agarro es la cortadora y tiene para medir la masa de pan, el pedo que uno quiera…”. “Los veneno” se sentían tan seguros de su impunidad que el 28 de mayo pasado llegaron a cometer varios delitos y un acto de barbarie. Esa madrugada la máquina segó el brazo de Franns. Pero sus jefes, lejos de ayudarlo como cabe esperar de un ser humano cabal, en lugar de llamar a una ambulancia, lo metieron en un automóvil y, en lugar de por lo menos llevarlo por lo meno hasta un centro médico, lo dejaron a unos 200 metros de un hospital, hasta donde Franns tuvo que llegar por sus propios medios. En la fábrica de pan cogieron el brazo amputado y, literalmente, lo tiraron a la basura. Posteriormente, una vez que el brazo fue recuperado por la policía de un contenedor, un cirujano de prestigio mundial especializado en este tipo de casos, Pedro Cavadas, descartó la reimplantación. Cavadas señaló que aunque el brazo no hubiera sido arrojado a la basura nada se habría podido hacer para salvarlo. Esto no lo sabían los hermanos Rovira, pero les daba igual cualquier supuesto. Las imágenes de Franns con el brazo izquierdo amputado sobre el codo dieron la vuelta al mundo. La semana en que su caso se conoció el Gobierno Español decidió concederle la residencia por “motivos humanitarios”. Franns no recuperará su brazo pero se ha armado de valor para emprender un camino legal que por lo menos le de algo de justicia.
Cúmulo de despropósitos
La historia de Franns ha conmovido e indignado. Y ha puesto sobre el tapete una realidad que todos conocemos pero que parece ser invisible. La vida de miles de personas que se ganan la vida en España pero que parecen trabajadores de segunda porque, al no contar con permiso de residencia y trabajo, no son receptores de la protección mínima que se asegura a un trabajador.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT denunciaron el caso como acusación popular. Al cierre de esta edición los acusados habían prestado declaración ante el juez y quedado en libertad con cargos con la única obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Y eso a pesar de que se enfrentan a condenas de hasta diez años de cárcel. A la indulgencia del juez instructor se añade el hecho de que ya en 2007 la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa por no dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores extranjeros. Y a la vista de diversas declaraciones todo indica que “Los veneno” eran conocidos en la zona de Gandía, donde se encuentra la empresa, porque la panificadora obligaba a sus empleados a realizar jornadas esclavizantes y porque incumplía las normas de higiene laborales.
Los empresarios llegaron a decir a la prensa que Franns estaba «borracho» pero los análisis que se le practicaron al ingresar en Urgencias, antes de ser intervenido, determinaron que no había ingerido alcohol. Cualquier cosa para tapar una realidad escandalosa que ha sacado a la luz la situación de al menos cinco operarios que trabajaban 11 horas al día a cambio de 23 euros por jornada. Sin contrato y sin ningún tipo de derechos laborales. Todo un cúmulo de despropósitos agravados por la aparente permisividad de las autoridades.
Qué hacer en estas situaciones
Franns ha sido regularizado en España por “motivos humanitarios”. Los sindicatos estudian solicitar para Franns una pensión de invalidez. Para ello un juez debe reconocer la relación laboral entre el empleado, que estaba contratado en situación irregular, y la panificadora. En el caso de personas que no cuentan con residencia laboral está claro que el camino legal es complicado para acceder a una pensión de invalidez laboral. Pero cuando en esta situación se sufre un accidente considerado laboral, la empresa contratante, según la jurisprudencia, debe afrontar el pago no sólo del tratamiento médico correspondiente sino también de las sanciones que se le imponen por contratación irregular y explotación de trabajadores.
¿Y en qué situación queda la víctima? Muchas veces se piensa que es mejor callar para evitar una potencial deportación. Pero según la ley los trabajadores sin papeles podrán acceder al “arraigo laboral” y ser regularizados si demuestran que llevan al menos dos años en España y que están trabajando para un empleador concreto durante al menos un año, y siempre que denuncien a su empleador. En buenas cuentas Franns podría haber accedido a la regularización por arraigo laboral ya que cumplía estos requisitos.
El problema realmente se presenta en caso de temor basado en una ignorancia de la legislación y, claro está, cuando el trabajador no lleva al menos dos años en España y no puede demostrar una relación de por lo menos doce meses. Porque la concesión de residencia por motivos humanitarios está seriamente limitada.