El peruano Jesús Gonzalo Toribio Daga acababa de celebrar su 31 cumpleaños en la madrugada del pasado 30 de julio. Había celebrado junto a su esposa, embarazada, y sus siete compatriotas y amigos que, como él, habían sido policías en Perú y, hace alrededor de un año, consiguieron contratos para trabajar como vigilantes en Madrid. Un amigo, también peruano, le había prestado su departamento para el festejo. El dueño de casa y su pareja se habían retirado para dormir. En la sala Jesús y su esposa se preparaban para limpiar tras la fiesta y, luego, descansar. Eran alrededor de las 5 a.m. cuando tocaron la puerta de forma violenta. Era la Policía Nacional. Jesús abrió. No podía imaginar que ocho policías empezarían a golpearlo con puños y patadas por todo el cuerpo tras esposarlo e inmovilizarlo prácticamente sin mediar palabra.
Resulta que la pareja del dueño de casa había llamado a la policía para denunciar que, según ella, estaba siendo víctima de maltrato por parte de su pareja. Al llegar a casa los policías pensaron que Jesús era el denunciado.
Jesús fue llevado a comisaría. Permaneció doce horas incomunicado. Otros policías lo llevaron a una clínica. Según el parte médico sufrió contusiones y heridas de sangre en extremidades y cara. Para mayor escarnio los policías agresores denunciaron a Jesús por supuesta resistencia a la autoridad. Días más tarde, asesorado por la abogada peruana Blanca Cavero, Jesús también presentó denuncia algo que, paradójicamente, él quería evitar. Y es que ahora lo único que preocupa a este peruano es que este incidente lo convierta en víctima doble y obstaculice la renovación de su tarjeta de residencia.