En los últimos meses la comunidad ecuatoriana residente en España se ha visto envuelta en episodios trágicos en los que han perdido la vida varias personas de ese país. Ejemplo de ello es el accidente ferroviario de Castelldefels. Los medios de comunicación han dado cuenta de ello. Pero ¿qué ha pasado con estas familias después que dejaron de ser noticia?
Por fortuna para las familias de las víctimas, y de los ecuatorianos en general, el Gobierno de su país ha diseñado una Política Integral Migratoria para atender a sus compatriotas en el exterior que lleva a cabo a cabo a través de la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI). Pero surge una nueva pregunta: ¿funcionó esta Política a la hora de atender a las víctimas de los hechos trágicos en que perdieron la vida algunos ecuatorianos en España? Aquí las respuestas.
El caso de Castelldefells
El representante de la SENAMI en España, Óscar Jara, comenta que en cuanto se enteró de que en el accidente de Castelldefels había víctimas ecuatorianas tanto él como otros funcionarios de la entidad se desplazaron al lugar de los hechos para dar apoyo institucional a los familiares.“No es ir de curioso o ir a lamentarse por la desgracia. Cuando hacemos presencia lo que llevamos es un soporte a las familias para que no se sientan solas”, señala Jara. Ese soporte, en este caso, se tradujo en el trámite de repatriación de los siete ecuatorianos que fallecieron en la tragedia tal y como lo solicitaron los allegados de las víctimas. Al ser un caso extraordinario el Gobierno Ecuatoriano proporcionó un billete de ida y vuelta a cada familia para que acompañara en el último viaje a su ser querido. Se organizó un acto en Barcelona para que familiares y amigos de los fallecidos pudieran despedirse. En Ecuador también se brindó apoyo logístico a las familias.
En lo que respecta a la parte legal el juez del Juzgado de Instrucción 1de Gavà, en Barcelona, resolvió que «los fallecimientos fueron consecuencia de una imprudencia atribuible a los fallecidos» y archivó el caso. Ante esto el Estado Ecuatoriano ha contratado al jurista Borja Masramón para que interponga un recurso de reforma y subsidiario de apelación para que se continúe el procedimiento. Oscar Jara asegura que sólo si se conoce la verdad se podrá evitar que sucedan más accidentes como este.
Más allá de las noticias
La SENAMI no sólo se dedica a atender este tipo de sucesos sino que tiene que ver con todo lo que se refiere a la atención social de los ecuatorianos que viven fuera de su territorio, sobre todo de los que están en casos de vulnerabilidad. Tampoco todos los casos en que fallecen ciudadanos de ese país salen a la luz pública. En los primeros ocho meses de este año se han aprobado 40 solicitudes de repatriación de cadáveres de España hacia Ecuador y se tuvo que aumentar el presupuesto para atender este tipo de emergencias. Asimismo, se han ampliado las redes con las instituciones españolas para poder cooperar en casos donde las personas oriundas de Ecuador son víctimas. Un ejemplo de ello es el de una familia ecuatoriana que perdió todo lo que tenía tras incendiarse su piso de Vallecas, en Madrid y la SENAMI le proporcionó un lugar donde vivir y la Junta Municipal le dio lo necesario para volver a empezar.
Tintes xenófobos
Otro caso al que le hicimos seguimiento fue al de Carlos Gustavo Burgos, el ecuatoriano de 49 años que murió tras recibir una golpiza en Barcelona. La SENAMI se encargó de la repatriación del cuerpo y como este episodio tiene un agravante xenófobo el Gobierno ecuatoriano le está dando apoyo jurídico a la hija mayor del fallecido, quien lo solicitó, para que no quede impune. Además, como la víctima tenía varios núcleos familiares la entidad está conciliando entre las partes para que se favorezcan los intereses de todos. En la actualidad el caso continúa bajo secreto de sumario.
Asegurar la vida, una solución
Diariamente las trabajadoras sociales ecuatorianas Fabiola Collaguazo y Rosa Plazas, que llevan el Área de Atención Social de la SENAMI en Madrid, atienden a unas 30 personas, personal y telefónicamente, que requieren ayuda de todo tipo, vivienda, económica, sanitaria y hasta repatriación de cuerpos. Y aunque no pueden dar solución a todos los casos sí los analizan y en algunas situaciones coordinan con los Servicios Sociales a nivel de toda España para intentar ayudar lo mejor posible.
“La gente tiene vergüenza porque las circunstancias los obliga a pedir” dice Fabiola. Pero ella misma reconoce “que es un derecho que tienen los ecuatorianos y que el Gobierno de su país hace lo posible por salvaguardarlo”.
Estas dos mujeres, que también han vivido en primera persona el proceso migratorio y que son el paño de lágrimas de tantos compatriotas, consideran que muchos problemas de los que escuchan a diario se podrían evitar si la gente se preparará ante la muerte. “En vida compramos coches caros, ropa de marca… pero no tenemos la cultura de invertir en algo tan importante como un seguro de vida. Evitaríamos más sufrimientos de los que ya genera un adiós definitivo”, subraya Rosa Plaza.
No es difícil concluir que no sólo las Políticas Públicas que ha diseñado Ecuador para atender a sus migrantes funcionan sino que además se convierten en un ejemplo a seguir por todos los países latinoamericanos. Es evidente que se puede crear un ente como la SENAMI sin generar burocracia ni conflicto de intereses con la Embajada o el Consulado y, lo mejor, ser un referente en el país de acogida.
Para los ecuatorianos las denigrantes escenas de personas llorando y pidiendo limosna en el consulado o en las emisoras radiales o en los canales de televisión para enviar el cuerpo de un compatriota sin recursos, entre otras cosas, ya forma parte del pasado.
La cifra
La repatriación de un cuerpo varía de acuerdo a la causa de la muerte. La trabajadora social Rosa Plaza lleva 6 meses esperando que un juzgado de Parla le autorice el descargo del cuerpo de un ecuatoriano que murió asesinado para poder repatriar los restos.
El dato
La SENAMI ha denegado dos solicitudes de repatriación al comprobar que una de las víctimas tenía un seguro que lo cubría y, en el otro caso, al corroborar que la familia tenía recursos suficientes para asumirla.