“Son inhumanos y además la gente que va allí es inocente”. Esa es la opinión de Germán Bautista, un boliviano que pasó más de 20 horas encerrado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en este caso en el de Aluche (Madrid). Es una de las miles de víctimas de una legislación que castiga con pena de cárcel por una falta administrativa como es la de carecer de papeles de residencia.
Texto: YOLANDA VACCARO. Fotos: ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALUCHE.
“Me obligaron a desnudarme y a tenderme en el suelo. No me dieron ni una manta. Estuve tiritando con muchas personas más. Hasta que al día siguiente me soltaron. Ahora la verdad quisiera irme pero es que tengo que ahorrar para poder pagar el pasaje a Bolivia”. Así continúa Germán su relato. Una historia que lamentablemente conocen en carne propia muchísimos extranjeros en este país. Extranjeros que en su momento, con el boom de la construcción, eran necesarios, pero que en tiempos de crisis parece que nadie quiere ni ver.
España se convirtió en uno de los primeros países de la UE en trasladar a su legislación nacional la polémica “Directiva del Retorno” que estableció en un plazo máximo de 18 meses el tiempo de detención de un extranjero por el simple hecho de carecer de papeles de residencia. Poco después el Gobierno Español amplió de 40 a 60 días el plazo máximo de detención de inmigrantes en España, tiempo durante el que pueden ser privados de libertad retenidos en los CIEs. Si al finalizar ese plazo el extranjero no ha sido expulsado a su país de origen entonces debe ser puesto en libertad. En muchos casos los detenidos pasan una noche en los CIEs y salen de ellos con una orden de expulsión y una multa de 300 euros. En este caso su estancia en España pende de un hilo. No es oficial pero siempre se ha sabido que en el caso de latinoamericanos las expulsiones se producen con cuentagotas ya que España debe pagar el pasaje de regreso.
Por nacionalidades los bolivianos encabezan la lista de latinoamericanos que pasan por los CIEs pues aun gran parte de la colonia boliviana no ha regularizado su situación legal en España.
Manifestaciones contra los CIEs
El caso es que la retención en los CIEs es considerada ilegal por juristas y asociaciones de defensa de los derechos humanos. Con motivo del Día del Migrante y bajo el lema “Cerremos Los CIES. Por un mundo sin fronteras”, centenares de personas denunciaron en Madrid que estos centros son “verdaderas cárceles”. La marcha exigió el cierre “incondicional” de los CIES. Las organizaciones convocantes fueron SOS Racismo Madrid, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Médicos del Mundo, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Asociación de Sin Papeles de Madrid (ASPM), Centro Panafricano y Colectivo Libertario Antirracista, entre otras.
En un comunicado los organizadores señalado que vienen “denunciando las prácticas de los estados en esta Europa de los derechos: deportaciones masivas, redadas selectivas, prácticas administrativas de denegación de derechos a los y las inmigrantes y movimientos de carácter xenófobo al amparo de discursos populistas, que atacan a la figura del migrante por ser migrante y ser pobre. Una cuestión de clase maquillada por las autoridades, instituciones públicas y medios de comunicación como una particularidad del mercado laboral, que necesita reajustarse. De nuevo, y con el shock de la crisis entre la población, aprovechan para agudizar la merma de derechos, desvaneciéndose así los principios básicos del Estado de Derecho y vaciando de contenido los derechos humanos en una Europa fortaleza que se acerca aceleradamente a las etapas más siniestras de su historia”.
Por qué no hay denuncias
Como Germán son centenares las personas que aseguran haber sufrido maltrato y tratos humillantes en los CIEs. Pero la mayor parte de ellas no denuncian los hechos primero porque precisamente como carecen de papeles de residencia no se atreven a hacer una denuncia y en segundo lugar porque muchos llegan a ser deportados.
Ese fue el caso de María Candelaria Suárez, una boliviana nacida en Beni que fue expulsada de España en noviembre pasado. Amistades suyas aseguran que desde Bolivia les manifestó que en el CIE de Aluche pasó casi dos días apenas sin comida y si ropa. Era la segunda vez que era detenida y, con una orden de expulsión a cuestas, terminó siendo deportada.
Las redadas
Enlazadas con la existencia de los CIEs se encuentran las redadas de inmigrantes que se siguen cometiendo en las zonas con gran afluencia de extranjeros. El Ministerio del Interior ha negado que haya una directiva que conmine a los agentes de la Policía Nacional a detener a extranjeros por carecer de permisos de residencia pero lo cierto es que estas tristemente famosas redadas se siguen produciendo. “Tengo miedo de salir. Quiero buscar trabajo pero es improbable que lo logre si ni siquiera salgo de casa por temor a las redadas” nos cuenta cerca de la madrileña Plaza de Usera un joven boliviano que prefiere mantenerse en el anonimato. En realidad su caso es también el de muchísimos extranjeros.
“No creo que 2011 sea mejor ni mucho menos. El Reglamento de la Ley de Extranjería está al caer pero todo indica que habrá endurecimiento, para nada buenas noticias para los inmigrantes más allá de la reducción de tres a dos años los exigidos para solicitar regularización por arraigo social. En cuanto a las redadas y a los CIEs no habrá novedades lo cual demuestra que este Gobierno ha desistido de sus principios sociales y socialistas respecto de la migración” opina, desanimado, un abogado de la Unión General de Trabajadores experto en extranjería.
Todo indica, pues, que los CIEs seguirán siendo las cárceles para inocentes, un lunar en la Europa de los derechos y las libertades.
Dato
Un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) elaborado sobre los CIEs de Madrid, Valencia y Málaga señala que un 32% de los internos habrían sufrido malos tratos físicos y verbales, y un cuatro por ciento de ellos torturas a manos de funcionarios.