Cáritas Española, que atiende a unos 400.000 inmigrantes al año, ha denunciado que la policía acude «asiduamente» a sus comedores sociales y centros de ayuda para realizar controles de documentación a los extranjeros. Las visitas policiales son especialmente frecuentes (una al mes) en las cáritas diocesanas de Las Palmas, Segorbe-Castellón y Mondoñedo-Ferrol. Para la organización, esta práctica, no justificada por «una situación de peligro real o la represión de infracciones penales» supone el reflejo de una política migratoria que trata al inmigrante irregular «como un presunto delincuente», con el riesgo, añaden, «de generar sentimientos racistas». La organización recopila información para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.
El Ministerio del Interior, sin embargo, desmintió que se hagan identificaciones indiscriminadas y que la policía haya acudido en ninguna ocasión a los centros de Cáritas para pedir la documentación a los inmigrantes. Un portavoz aseguró ayer a este periódico que las identificaciones realizadas por la policía a extranjeros han caído casi un 20% en el último año y que en 2010 hubo un 13% menos de expulsiones a inmigrantes irregulares. «Los datos son incompatibles con estos supuestos controles indiscriminados», señalan, y aseguran que Cáritas no ha presentado denuncias concretas por estos hechos.
Cáritas asegura que la actitud de la policía ha provocado que algunos inmigrantes tengan miedo de acudir a los centros, según denunció Ana Abril, directora del área de desarrollo social de la organización durante la presentación ayer del informe «La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas». La asociación no solo ha detectado «un aumento» de los controles en sus centros e inmediaciones, sino también en locutorios, parques e intercambiadores de transporte público.
Los policías también denuncian las redadas
El Sindicato Unificado de Policía vertió la semana pasada una acusación similar ante la Comisión de Interior del Congreso. Su secretario general, José Manuel Sánchez-Fornet, dijo que cada año se producen en España «millones de identificaciones» a inmigrantes y que la mayoría no cumplen los requisitos estipulados por el Tribunal Supremo para que un agente pueda exigir la documentación a un ciudadano en la vía pública: que resulte sospechoso de haber cometido un delito o parezca que puede cometerlo. «La libertad ha sucumbido escandalosamente a la seguridad», añadió, mientras opinaba que los policías no eran los responsables porque solo cumplen órdenes.