Barcelona.- El candidato del PP en Barcelona, Alberto Fernández, ha avisado que no permitirá una «Barcelonistán o un gueto islámico» y prohibirá el burka y niqab en la vía pública, además de exigir cinco años de empadronamiento para acceder a determinados servicios sociales o alquiler de vivienda protegida, y diez si es de compra.
En una visita al Raval, uno de los barrios de la ciudad con mayor presencia de población inmigrante, el alcaldable popular ha desgranado su programa en este ámbito, en el que, a su juicio, el alcalde Xavier Trias (CiU) ha tenido una actitud «tímida». «La actitud del Ayuntamiento es fundamental para que el Raval no esté más cerca de ser un gueto islámico o haya partes que parezca que estemos en Barcelonistán. Barcelona debe ser acogedora, pero exigente. Los inmigrantes deben tener derechos y obligaciones. Deben cumplir la ley y respetar la ciudad que les acoge», ha señalado.
Por ello, ha dejado claro que su partido quiere prohibir el burka y el niqab en la vía pública y por ello instará a la Generalitat a aprobar una ley contra el burka o el velo integral en las calles. Para Fernández, el burka representa la «esclavitud», «sumisión» y «vejación» de la mujer, algo «contrario al sistema de valores y costumbres de nuestra sociedad, pero también por «seguridad».
Asimismo, para evitar que «un inmigrante, al día siguiente de empadronarse, pueda acceder a determinados servicios no básicos, como terapias o ortopedias», su partido elaborará un reglamento que establezca los criterios de acceso a «ayudas económicas complementarias» y los plazos de residencia.
Terapias y actividades extraescolares
Así, se requerirían cinco años de empadronamiento en Barcelona para el acceso a servicios sociales complementarios como ortopedia, actividades extraescolares, terapias respiratorias a domicilio, tratamiento con productos dietoterapéuticos complejos, adquisición de equipamientos para vivienda o ayudas a dietas especiales.
También cinco años mínimos para acceder a una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler y de diez años para la compra; y cinco años mínimos para acceder a programas municipales de inserción laboral.
El PPC promoverá el «certificado de convivencia» como herramienta para «conocer a las personas inmigrantes con voluntad de integración y aprender nuestra cultura, leyes y tradiciones», y creará una tasa para la emisión de informes de arraigo y reagrupamiento.
Del mismo modo, denegará el informe de arraigo a los inmigrantes que sean sancionados un mínimo de tres ocasiones por año, por infracciones en ordenanzas municipales; y ha reiterado su exigencia de que los delincuentes inmigrantes reincidentes, que han «convertido el delito en su hábito de vida», sean expulsados.
No a una gran mezquita
Fernández ha insistido nuevamente, además, en su oposición a una gran mezquita: «Todo el mundo debe tener derecho a rezar a su dios, pero no podemos consentir que se construya gran mezquita que será financiada por países musulmanes, que no son solo diferentes en sus valores, sino claramente hostiles a los valores europeos».
Por último, ha calificado de «clave» la lucha contra el yihadismo también desde el Ayuntamiento, por su «capacidad de obtención de información desde la Guardia Urbana, los agentes cívicos y los trabajadores municipales sobre el terreno».
«Catalunya, España y Europa deben ir todos juntos, porque el yihadismo no va a favor ni en contra de la independencia o la unidad de España, sino en contra de los valores de Europa, como convivencia, libertad y respeto. No podemos consentir mirar a otro lado cuando los que tienen una visión radical arraigan en nuestros barrios», ha sentenciado.
Preguntado por las acusaciones de racismo de la campaña del PPC de Badalona, ha evitado entrar directamente en esa cuestión y se ha limitado a decir que «quien habla de inmigración» es ICV, partido que ha denunciado dicha campaña ante la Comisión Europea./EFE