La senadora portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Maribel Mora, ha presentado una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por la expulsión express de un joven paraguayo que llevaba desde los 5 años viviendo en España y que pese a haber estado bajo tutela de la Xunta de Galicia nunca fue documentado.
Según explica la formación en un comunicado, Mora ha presentado la queja acompañada por los diputados de En Marea Antón Gómez-Reino y Yolanda Ruiz, así como la diputada Ione Belarra por la deportación express, es decir, desde Comisaría y no desde un Centro de Internamiento de Extranjeros, ejecutada el pasado 26 de noviembre de este joven en situación administrativa irregular.
«Fernando Daniel, que cuenta en la actualidad con tan sólo 19 años de edad, residía en nuestro país desde hacía 14 años, teniendo domicilio fijo y sin que además tenga vínculo familiar alguno con su país de origen, Paraguay. Su madre, que es su única familia, reside en A Coruña y padece además cáncer», exponen los senadores y diputados de UP.
Recuerdan que durante los últimos años y hasta que cumplió la mayoría de edad, el joven vivió en un piso tutelado por la Xunta de Galicia, «habida cuenta de las dificultades por las que en aquel momento atravesaba su familia» y sin embargo, no se realizaron los trámites pertinentes a la documentación del chico en España y la obtención de un permiso de residencia.
«El hecho de que, tan solo un año después de abandonar las instalaciones autonómicas, donde su permiso de residencia debería de haberse formalizado, fuera detenido e inmediatamente deportado de nuestro país cuestiona profundamente la protección que nuestro país da a aquellos jóvenes inmigrantes que residen bajo la tutela del Estado», plantean.
Además, llaman la atención sobre «las irregularidades que se dan en el caso que afecta a Fernando Daniel y a su familia, sino a todos los migrantes que durante los últimos años han sido deportados a partir de la incoación de procedimientos de expulsión de carácter preferente», aunque están reservados para quienes suponen una amenaza para la seguridad nacional y el orden público o carecen de domicilio fijo.
Conforme explica Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al joven se le abrió un expediente de expulsión el pasado 22 de septiembre y él presentó alegaciones de arraigo familiar y social en España. Se le instó a presentarse periódicamente en comisaría, cosa que el joven cumplió hasta que el 22 de noviembre acudió a dependencias policiales por última vez: Ese día fue detenido allí mismo y el 26 de noviembre se le embarcó en un vuelo a Madrid para ser finalmente deportado a Paraguay.
«Todas las circunstancias que rodean a la expulsión de Fernando Daniel plantean serias dudas. En primer lugar, el joven pasa cuatro días internado en dependencias policiales, a pesar de que el plazo máximo fijado por la ley establece una estancia máxima de 72 horas. En caso de haber superado esos tres días de detención, debería existir autorización judicial para su internamiento. También debería habérsele garantizado el acceso a un abogado que le informara de sus derechos y ejerciera su defensa», denuncian los diputados y senadores.
Además, dicen que considerando los años que lleva el joven residiendo en España y teniendo domicilio conocido, no se le debió aplicar el procedimiento preferente. «Además, el hecho de expulsar a un joven de 19 años, cuya madre y único pariente padece cáncer, podría ser constitutivo de ‘trato cruel’, tal y como refleja el artículo 8 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos», añaden.
Por último, recuerdan que la Dirección General de la Policía aprobó su circular 6/2014 que establece que a la hora de internar en un CIE a una persona hay que valorar las especiales circunstancias personales o situaciones de vulnerabilidad específicas que concurren en cada caso, lo que para los parlamentarios, debió hacerse con más razón si iban a expulsar a esta persona.
«Estas circunstancias entendemos que tendrían que haber sido valoradas en el caso de este joven, que por llevar residiendo prácticamente toda su vida en España, carece de vínculos sociales y familiares en su país de origen», afirman.
Por todo ello, piden a la Defensora del Pueblo que abra un expediente e investigue qué ha sucedido en este caso y si lo estima conveniente, emita las recomendaciones tendentes a que algo así no vuelva a suceder./ Europa Press