Ocio Latino.- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó el 27 de noviembre el proyecto de construcción del nuevo Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Algeciras como un modelo que quiere que se replique en otros CIE de España.
Zoido comentó que los nuevos CIE distribuirán a los inmigrantes por “sexo, procedencia, nacionalidad y religión” y con un nuevo “modelo arquitectónico” que se basa en «en la construcción de una nueva planta con edificaciones completamente nuevas, a diferencia de los que están funcionando actualmente que se crearon sobre inmuebles destinados para otros usos, como antiguas cárceles o comisarías».
Según Interior, el nuevo centro de Algeciras será «el más grande de España» con capacidad para 706 internos inmigrantes que se suma a los nuevos centros a construir en Málaga, Algeciras y Madrid, acordados y presupuestados con la UE desde 2013.
El ministro no ha detallado si estos nuevos centros seguirán siendo custodiados por la Policía o por un cuerpo civil de funcionarios o el papel que podrían cumplir las ONG.
Unidos Podemos, Ciudadanos y PSOE han criticado esta iniciativa del gobierno y desde la plataforma ‘CIEs No’ que agrupa organismos de Derechos Humanos, colectivos de inmigrantes y grupos sociales afines, organizaron inmediatamente una protesta ante las puertas del Ministerio del Interior en Madrid, frente a los CIE que ya funcionan y en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas capitales de provincia para denunciar la «propaganda» de Interior sobre el nuevo CIE de Algeciras.
En un comunicado han manifestado que “No es la primera vez en la historia que un anuncio o una inauguración de un CIE sirve como una campaña de lavado de imagen para unas instituciones que son espacios de vulneración de derechos por su mera existencia, que cuentan con el rechazo de la sociedad y de las organizaciones sociales. Así sucedió en 1988 con la inauguración del hotelito como fue denominado el CIE de Moratalaz (un sótano sin ventilación) donde el propio Director fue imputado por torturas.
Por esta razón, el anuncio realizado por el Ministro del Interior supone el derroche de recursos públicos en unas instituciones que cuentan con un gran rechazo social y que son verdaderos agujeros negros del derecho”.