Los dos meses de confinamiento por el estado de alarma ha generado un aluvión de consultas al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) relacionadas con asuntos en materia laboral como ERTEs y despidos, así como por cuestiones de familia como incumplimientos de custodia e impagos de hipotecas.
Este servicio ofrecido por el ICAM asesora de forma gratuita al ciudadano con información sobre sus derechos para posterior llevar a cabo una solicitud de asistencia jurídica gratuita a través de un abogado de oficio.
Durante el estado de alarma, los letrados que ofrecen este servicio han estado asistiendo por vía telefónica a través del número gratuito 900 814 815, de lunes a viernes en horario ininterrumpido desde las 9 hasta las 19 horas.
La directora del área de Servicios a la Ciudadanía del ICAM, Marisol Cuevas, ha señalado a Europa Press que se volverá a la forma presencial cuando se permita acceder a las sedes judiciales.
El Ministerio de Justicia publicó el pasado sábado la orden ministerial que fija las fases de desescalada de los juzgados. El pasado martes, se reincorporó el 30 por ciento de la plantilla y se prevé que en la fase 2 esté ya el 60 por ciento. Los planes contemplan cuatro fases, culminando con la reactivación normal de cada órgano una vez que se levanten las recomendaciones sanitarias.
La responsable del ICAM ha recordado que el SOJ se trata de un servicio público y de calidad al servicio de los ciudadanos, indicando que los letrados que prestan este servicio asesoran a los ciudadanos. «Las víctimas deben saber que puede canalizar sus dudas desde este servicio», ha reseñado a preguntas sobre el ofrecimiento de varios despachos a asesorar afectados por la pandemia.
«Hay mucha demanda de este servicio», ha indicado Cuevas, quien ha detallado que los asuntos sobre los que más consultan los ciudadanos están relacionados con ERTEs y despidos en el ámbito laboral.
También hay una gran demanda en cuestiones de materia de familia por incumplimientos de custodia y régimen de visitas durante los meses de confinamiento. «Hay situaciones de divorcio que por estas circunstancias están siendo más problemáticas y gente que no puede pagar la pensión de alimentos. Toda esta situación está generando muchas llamadas y mucha demanda del servicio», ha señalado le letra.
9.287 LLAMADAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
Desde que se inicio el estado de alarma, la atención desde los servicios de orientación jurídica gratuita han atendido un total de 9.287 llamadas, del 16 al 31 de marzo 1.605, en abril, 5.065 y del 4 al 12 de mayo, 2.617.
También ha gestionado un total de 3.656 consultas, de distintas materias, de las cuales más del 40 por ciento lo fueron en material laboral. En concreto, 1.242 consultas se referían a materia civil; 344 a familia; 156 a contencioso-administrativa; 239 de extranjería; 1.539 en materia laboral; 70 en penal; 48 en temas hipotecarios; 2 en menores, 15 de víctimas y un caso sobre un tema de discapacidad.
Aunque los plazos procesales y administrativos están suspendidos en este momento por el estado de alarma, los ciudadanos solicitan información sobre cuándo y cómo podrán defender sus derechos.
El teléfono gratuito al que pueden dirigirse los ciudadanos 900814815 atendió 9.287 llamadas, facilitando información general sobre el acceso a determinados servicios, situación de los procesos judiciales, como solicitar asistencia jurídica gratuita, etc / Europa Press