El Ministerio de Salud de Perú ha confirmado ya casi 209.000 casos de coronavirus en la nación andina, tras registrar más de 5.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

En concreto, según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias, los 5.087 nuevos casos de la COVID-19 han elevado el cómputo total de Perú hasta los 208.823 contagiados. Además, los 165 muertos contabilizados durante este miércoles suman 5.903 víctimas mortales por el coronavirus en el país.

Lima continúa siendo la región peruana con el mayor número de infectados de coronavirus hasta la fecha, 122.883. Le siguen Callao, con 14.489 positivos; Piura, 11.520; Lambayeque, con 10.286; y Loreto, que cuenta 6.719 casos.

Además, las autoridades sanitarias de Perú, el segundo país más afectado por la pandemia en América Latina y el octavo del mundo, han trasladado que 9.916 personas están hospitalizadas debido a la COVID-19, 1.065 de ellas en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica.

Denuncian que más de 4.000 funcionarios obtienen ayudas sociales por la COVID-19 pese a no necesitarlas

La Contraloría General de Perú ha anunciado este martes que hasta 4.212 funcionarios o servidores públicos se han beneficiado de las ayudas sociales del Gobierno destinadas a los más vulnerables durante la pandemia de la COVID-19 pese a no necesitarlo.

El jefe de esta entidad de control, Nelson Shack, ha señalado que, según los propios datos de los municipios –son las entidades regionales y locales quienes reparten la llamada canasta familiar– 4.212 funcionarios y servidores públicos se beneficiaron de unas ayudas «que nunca debieron recibir», pues «no están en una situación de vulnerabilidad».

De acuerdo con las cifras del Ministerio Público, 627 de estos funcionarios tienen un sueldo neto superior a los 3.000 soles (cerca de 800 euros), mientras que otros tantos disponen de sueldos que superan los 5.000 soles (1.300 euros), e incluso los 10.000 (2.500 euros).

Entre ellos, hay trabajadores de las administraciones públicas de justicia y de la enseñanza superior y universitaria, siendo Lima, con el 14 por ciento de los casos, la región con mayor número de infractores.

Shack ha advertido de que las pesquisas acaban de empezar, por lo que las cifras, ha asegurado, «van a subir varios miles», pues falta analizar otro tipo de trabajadores y regímenes laborales.

«Advertimos sobre las condiciones irregulares, pero no podemos todavía identificar responsables y comenzar una causa por la vía civil o penal. Eso es producto del control posterior», ha explicado.

Todos los datos y los informes recopilados al respecto serán enviados posteriormente a la Fiscalía para que se tomen las medidas oportunas, ha contado Shack en una rueda de prensa, recogida por el diario peruano ‘La República’, y en la que también ha añadido que continúan investigando el sobrecoste de los alimentos y víveres con los que se conforman las canastas familiares. / Europa Press