La pandemia ha «acelerado» o «consolidado» algunas tendencias ya existentes en el ámbito de la movilidad humana como la situación de precariedad de los migrantes y la «urgencia» de su regularización, según el documento ‘Flujos Migratorios en el Mediterráneo: causas, políticas y reforma’, presentado este jueves 9 de julio en un evento online organizado por la Fundación Alternativas.
«La crisis de la COVID-19, más allá de su carácter inesperado y disruptivo, no ha traído consigo nuevas realidades, sino que ha arrojado luz y puesto el énfasis sobre tendencias en el ámbito de la movilidad humana ya preexistentes que no se han visto sino aceleradas y consolidadas por la pandemia», señala el documento.
Según explica una de las autoras del estudio, la profesora e investigadora en la Universidad Internacional de Rabat Beatriz Mesa, las personas migrantes pueden tomar la decisión de iniciar una trayectoria migratoria por razones socioeconómicas, demográficas, medioambientales o conflictuales, razones todas ellas que «seguirán existiendo y motivando movimientos migratorios a pesar de la pandemia».
En este sentido, el informe señala que la movilidad puede verse «reducida» el tiempo que dure la crisis de la COVID-19, pero «en ningún caso desaparecerá».
En España, según indica, las medidas de distanciamiento social y restricción de la libertad de movimiento durante el Estado de Alarma han provocado que gran parte de las personas migrantes en situación administrativa irregular pierdan su empleo, con el agravante de que la falta de documentación les impide beneficiarse de las ayudas aprobadas por el Gobierno.
Por su parte, según se añade, las personas migrantes en situación regular también han visto «un deterioro de su situación socioeconómica debido a las frágiles condiciones laborales que se ven obligados a aceptar: temporalidad excesiva, trabajo a tiempo parcial e involuntario, e incluso subempleo».
PROCEDIMIENTOS DE REUBICACIÓN SUSPENDIDOS
Además, a nivel europeo, precisa que los Estados miembro de la UE han suspendido temporalmente los procedimientos de reubicación, reasentamiento y retorno y el derecho de asilo, «precarizando aún más las condiciones de vida de miles de personas que se hacinan en campos a las afueras de Europa esperando a ser atendidas».
La segunda tendencia que se ha visto acelerada por la COVID-19, según señala el documento, es «la necesidad y urgencia» de abordar la cuestión de la regularización de las personas migrantes. En todo caso, subraya que esta no debe interpretarse en «clave utilitaria», es decir, alegando que la falta de mano de obra actual en determinados sectores así lo exige, sino «en clave humana y social».
«La persona migrante, en contra de lo que prediquen discursos maniqueos y demonizadores de corte profundamente racista, no es un diferente, ni mucho menos una amenaza, sino un igual que ha de ser tratado como tal, y esto pasa por un reconocimiento, en primerísimo lugar, del migrante como persona», concreta la coordinadora del documento y coordinadora del Panel de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, Itxaso Domínguez de Olazábal.
Las autoras también ponen de manifiesto que la crisis de la Covid19 ha revelado «la deficiente gestión de los flujos migratorios» y ponen el caso del Mediterráneo como «uno de los principales ejemplos de desatención a los derechos humanos en aras de salvaguardar los intereses del Norte Global». Según se explica en el capítulo de Ruth Ferrero, la Covid19 ha confirmado la existencia de una política europea de inmigración y asilo basada en «marcos de securitización».
ACUERDO UE-TURQUÍA
El capítulo de la directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies e investigadora asociada en GRITIM-UPF, Gemma Pinyol y de la consultora en el ámbito de las migraciones, el asilo y la diversidad de Red de Ciudades Interculturales (RECI), CER-Migracions (UAB-UB), CEAR, Marta Pérez, expone precisamente, desde una perspectiva crítica cómo el «acuerdo» alcanzado entre la UE y Turquía en 2016 responde a ese «enfoque securitario y a la externalización de fronteras».
«La UE ha priorizado la eficacia en el corto plazo y la ha antepuesto al compromiso con los derechos humanos y con la institución del asilo», ha subrayado Marta Pérez, durante su intervención en la presentación. Por su parte, Gemma Pinyol ha denunciado la «obsesión enfermiza de los países de la UE por el control de fronteras como único instrumento de la gestion migratoria».
Para Ruth Ferrero, hace falta «una política migratoria más justa» y combatir «el discurso del odio». A esto se suma, según ha indicado la directora de la FIIAPP, profesora en Blanquema y exsecretaria de Estado de Migraciones, Ana Terrón, la necesidad de «abandonar muchos prejuicios», como el que ha destacado Beatriz Mesa, al subrayar que detrás de las causas de la movilidad humana hay un problema «mucho más complejo que el hambre».
Las autoras también han reflexionado sobre la propuesta de un Nuevo Pacto para la Migración y el Asilo planteada por la Comisión Von der Leyen. Según se indica en el informe este pacto «podría encaminarse hacia una dirección de cambio, pero solo en la medida en que logre superar el eterno dilema existente entre soberanía nacional y proyecto supranacional que tanto daño causa a la credibilidad de la UE como proyecto de integración»./ Europa Press