El Gobierno de Bolivia ha solicitado a la empresa española GPA Innova, la proveedora de los 170 respiradores investigados por sobrecostes en los mismos, la finalización del contrato y la devolución al Estado boliviano de los 2,2 millones dólares (1,8 millones de euros) que se pagaron por adelantado.

El ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coímbra, ha explicado que la empresa que se hace cargo de la fabricación de estos aparatos ha informado de que «no va a poder cumplir» con algunos apartados, «más allá del proceso penal», por lo que han solicitado a GPA Innova la rescisión de los contratos, así como la devolución de la primera parte del pago.

Coímbra ha explicado que a cambio el Estado boliviano devolverá estos respiradores, adquiridos hace a finales de mayo y cuyo escándalo saltó tras destaparse que el Gobierno de Bolivia pagó más de 27.000 dólares por respirador a la española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.

La consecuencia inmediata fue el cese del ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de Salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva, así como el arresto de otros implicados en la gestión de la compra de unos aparatos que tampoco estaban preparados para atender a los pacientes más graves de COVID-19.

El Gobierno optó por paralizar los contratos e inició un proceso legal en contra de los posibles responsables, cuyas acusaciones formales estarán listas en un plazo máximo de 15 días, según ha revelado Coímbra.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de Bolivia ha informado este domingo de que el país ha superado la barrera de los 100.000 contagios, tras sumar 1.198 positivos nuevos. La cifra total es ya 100.344 casos acumulados y 4.058 fallecidos.

El número de recuperados asciende a 36.491, mientras que los departamentos de Santa Cruz, 38.416 casos; y la Paz, 25.776; continúan siendo el epicentro de la pandemia.

 

EL GOBIERNO NIEGA IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE PRUEBAS PCR

Coímbra también ha negado este domingo que se hubieran producido irregularidades y sobrecostes en la adquisición de pruebas PCR para detectar posibles casos del nuevo coronavirus, después de que se hiciera pública una denuncia en este sentido.

El ministro de Justicia ha explicado durante una entrevista para Radio Marítima que han recibido los informes de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), en los cuales no se evidencia «ninguna irregularidad o ilegalidad jurídica, ni tampoco un sobreprecio», ya que, ha apuntado, «habían propuestas mucho más altas».

Este hecho ese basa en una denuncia en la que se acusa al Ministerio de Salud de adquirir una dotación de pruebas PCR a una empresa china por un valor de 47,3 millones de bolivianos (5,7 millones de euros), el doble del presupuesto que presentó con anterioridad un laboratorio uruguayo, que tasó el proyecto en 22,8 millones de bolivianos (2,7 millones de euros).

Coímbra ha explicado que si se descartó la propuesta del laboratorio uruguayo fue debido a que no cumplía con los varemos y los requisitos necesarios para comercializar ese producto, y ha anunciado que en «las próximas horas», todos los informes del caso serán enviados a la Presidencia «para establecer de manera clara que no hubo irregularidades en el proceso de contratación»./ Europa Press