La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado de «falsas» las acusaciones formuladas por su exempleada del hogar sobre pagos realizados con dinero negro. «Esto no es una demanda laboral, es un chantaje», ha zanjado en una entrevista en laSexta recogida por Europa Press.
«Esto es absolutamente falso» ha afirmado Rosell al ser preguntada al respecto. «Siempre tuvo contrato y alta en la Seguridad Social desde el primer día y eso está en los documentos», ha afirmado. «Yo no soy la empleadora, el empleador es mi pareja, Carlos. Yo por lo tanto no la he despedido, de hecho nadie la ha despedido, ha sido un desestimiento«, ha detallado.
«Ha estado contratada durante el Estado de Alarma (…) y no le suspendimos el contrato, estuvo cobrando el 100% sin venir a trabajar porque nos pareció lo más adecuado para la salud de ella, de su familia y de la nuestra. Ha estado de marzo a junio cobrando el 100% de su contrato, no le hemos suspendido el contrato; ella sabía que buscábamos otra persona y desgraciadamente hay gente que la está utilizando no para una demanda laboral sino para un chantaje», ha relatado.
«La justicia no se puede usar para esto y los medios tampoco», ha proseguido. «Espero que a nadie le pase esto, que habiendo sido todo legal, habiendo tenido todos los documentos y habiendo sido enormemente generosa con esta persona que dice que es inmigrante y que ahora tiene DNI español gracias a este contrato legal», ha apostillado.
«Creo que es muy injusto que por ser una figura del Gobierno o pretender hacer daño a las fuerzas políticas progresistas –ha indicado–. Si no soy la empleadora, ni la he despedido, ni le debo un euro, ni jamás la he contratado en negro… ¿qué pinto en esta demanda? Porque esto es una extorsión».
En la misma línea se ha expresado la ministra de Igualdad Irene Montero al ser preguntada al respecto, insistiendo en que se trata de «una fabricación de pruebas falsas». Montero ha recordado que su día Rosell sufrió una situación parecida que terminó con una pena de 6 años y medio de prisión del magistrado Salvador Alba, por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público.
«La fabricación de pruebas falsas, los montajes judiciales… esto daña gravamente la democracia. El problema es el daño que eso hace, si alguien cree que puede actuar así tenemos un problema democrático en este país», ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios al ser preguntada por esta cuestión. / Europa Press