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Coronavirus: La pandemia ha frenado las solicitudes de reagrupamiento familiar o de arraigo social en la Generalitat

El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós. / Foto:  EUROPA PRESS / Archivo OCIO LATINO

Las solicitudes de ayuda por parte de migrantes a la Generalitat se han reducido entre un 33 y un 60% a causa de la pandemia del coronavirus, según datos del balance de actividades del primer semestre del 2020 de la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía.

El responsable de la Secretaría, Oriol Amorós, ha indicado en una rueda de prensa este martes que la pandemia ha frenado tanto las solicitudes de reagrupamiento familiar como las demandas de arraigo social o de acompañamiento al reconocimiento universitario, en comparación al mismo período del 2019.

«Todos los datos que tenemos han estado condicionados por la Covid-19, pero eso no significa que hayamos hecho menos trabajo», ha sostenido Amorós, que ha explicado que la Generalitat ha mantenido la atención telefónica y telemática durante el confinamiento, y la atención presencial con cita previa tras el estado de alarma.

Al mismo tiempo, ha dicho Amorós, la expedición de los certificados de acogida han crecido un 12% respecto al primer semestre del 2019; aunque la actividad general del servicio, que ofrece formación e información presencial a los migrantes recién llegados, se ha tenido que suspender por completo.

CAÍDA GENERALIZADA

Durante los seis primeros meses del 2020, la Generalitat ha recibido 3.077 peticiones de informes para solicitar un reagrupamiento familiar –la mayoría de ciudadanos de origen marroquí–; menos de la mitad de los recibidos en el mismo período del año pasado –5.734– pero «más repartidos en el territorio», ha explicado Amorós.

En cuanto a las peticiones de informes para el arraigo social, que permite obtener una autorización de residencia temporal, las peticiones han caído un 35%, especialmente entre los de nacionalidad paquistaní: en total se han recibido 4.211 solicitudes este semestre, respecto a los 6.358 del primer semestre del 2019.

También han caído las consultas al servicio de asesoramiento ‘Info-Migració’ –un 41%– y las dirigidas al sistema de acompañamiento al reconocimiento universitario –61,2%–; un servicio que también ha reducido en un 20,6% los expedientes iniciados para que los extranjeros puedan convalidar sus estudios en España.

Respecto a este trabajo, Amorós ha remarcado el «interés mutuo» de la sociedad de acogida y los migrantes a la hora de convalidar titulaciones universitarias; y ha añadido que el servicio permitió localizar a cerca de 80 sanitarios migrantes durante la pandemia cuyos expedientes se enviaron al Gobierno central para su convalidación.

«Tenemos en nuestro país muchas personas migradas con titulación universitaria que no estamos aprovechando su saber y su potencial; cuanto antes sean reconocidos, más cualitativa será su aportación a la sociedad», ha dicho Amorós, que ha lamentado que la falta de agilidad en la tramitación de los expedientes limitara el número de sanitarios que finalmente pudieron incorporarse a la lucha contra el Covid-19.

DESCENTRALIZACIÓN

A preguntas de los periodistas, Amorós ha recordado que la Generalitat tiene reconocidas las competencias en materia de refugio, pero que el Estado aún no las ha transferido: «De momento todo son buenas palabras, pero está todo parado y aún tenemos que empezar a trabajar», ha explicado.

El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía ha exigido al Estado un reconocimiento más claro de las competencias de la Generalitat en materia migratoria, y ha afirmado que el Govern «no aceptará las competencias sin los recursos correspondientes».

Al mismo tiempo, Amorós ha pedido que el Estado «aproveche los mecanismos que ya existen para visibilizar a los migrantes y evitar la irregularidad»; por ejemplo flexibilizado del padrón o facilitando la integración laboral y social de los jóvenes migrantes solos cuando alcanzan la mayoría de edad.

«En estos momentos, a los jóvenes migrantes solos se les está aplicando la ley de extranjería con una dureza y una interpretación totalmente injustificada e injusta», ha afirmado Amorós, que ha explicado que el actual reglamento impide que los extutelados accedan al mercado laboral, regularicen su situación y obtengan sustento económico. / Europa Press

 

 

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