El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha solicitado este lunes la suspensión durante dos años y medio de Fuerza Popular, la formación liderada por Keiko Fujimori, al considerar que todavía existe la posibilidad de que incurran en un delito de financiación irregular, por lo que su presencia en las próximas elecciones generales de abril de 2021 correría peligro.
«Quien ejerce actualmente, a día de hoy, la representación y la presidencia del partido es Keiko Fujimori Higuchi, que tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba a esa organización», ha defendido Pérez este lunes ante un tribunal especializado en crimen organizado de Lima que dirime el caso.
«La cúpula permanece en el partido», ha apuntado Pérez, quien ha preguntado a las autoridades judiciales «cómo van a dar garantía» a la presidenta del partido, «que es aquella que recibió dinero ilícito» y como aseguran «que no va a haber peligro procesal».
Pérez ha presentado ante el juez Víctor Zúñiga, el mismo magistrado que envió a prisión a Fujimori, varias instancias y fallos judiciales en los que tanto Fujimori como Fuerza Popular serían responsables de varios delitos fiscales, entre ellos el de lavado de dinero y el de concierto para delinquir.
Fujimori había permanecido en prisión desde finales de 2018 hasta el pasado mes de mayo, acusada de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para sufragar sus campañas electorales de 2011 y 2016 a cambio de favores.
«Existe una alta probabilidad de que sus representantes legales, la cúpula, reiteren esta misma acción o conducta de volver a utilizar a esta empresa para captar dinero de procedencia presuntamente ilícita», ha dicho el fiscal, quien ha alertado de que Fuerza Popular incurra de nuevo en este tipo de financiación ilegal debido a sus deudas.
«Si el día de mañana, viene un representante de la Fiscalía y dice que un partido político recibe dinero del narcotráfico y con eso realiza actividades y participa en la vida democrática, ¿no deben suspenderse sus actividades? En el caso de Fuerza Popular, está acreditado que recibió dinero de la corrupción», ha asegurado.
LA «PENA DE MUERTE DEL PARTIDO»
Durante la audiencia, en representación de Fuerza Popular, el abogado Christian Salas ha criticado la petición del fiscal Pérez, al considerar que se basa en «sospechas» y no en «fundamentos reales», y que además esto supondría un ataque no ya a los dirigentes del partido, sino al resto de simpatizantes, afiliados y electores, a los que se arrebataría su derecho al voto en los próximos comicios.
«No se pueden presumir hechos, lo que se debe hacer es probar. Aquí venimos a afirmar y acreditar con elementos probatorios suficientes, que no los hay en este caso», ha expresado Salas, según informa el diario peruano ‘El Comercio’.
Por su parte, Fujimori ha manifestado ante la prensa que en caso de que se diera esta suspensión, esto supondría la «pena de muerte» de Fuerza Popular «porque impediría que la lista de más de 170 candidatos pudiera participar» en las próximas elecciones, y con ello perdería «su personalidad jurídica».
«Fuerza Popular representa una corriente política que ha tenido participación y representación parlamentaria durante más de 30 años», ha dicho Fujimori, quien se siente avalada por la ley, ya que «ningún partido puede ser suspendido durante un proceso electoral».
«Si quieren eliminarnos que sea través del voto popular», ha zanjado Fujimori. / Europa Press