El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador dio el pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones generales previstas para el 7 de febrero de 2021, en la que 13,1 millones de cuatorianos están llamados a elegir al que será el próximo presidente.
Hasta el 5 de febrero, los partidos políticos tratarán de convencer al electorado para lograr el voto y hacerse con el mayor número de diputados posible.
Son 16 los candidatos que compiten por llegar a Carondelet y suceder así a Lenín Moreno, cuyo mandato expira el 24 de mayo. Sin embargo, la candidatura del empresario Álvaro Noboa –auspiciado por el movimiento Justicia Social– se encuentra aún en tela de juicio.
Hace casi dos semanas, el Tribunal Nacional de Justicia (TJN) de Ecuador autorizó la apertura de investigaciones contra las autoridades de los organismos electorales por el desempeño de sus funciones a menos de dos meses de que se celebren los comicios presidenciales convocados para el 7 de febrero del próximo año.
El CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han protagonizado estas últimas semanas un cruce de acusaciones en el marco de la posible candidatura presidencial de Noboa después de que su agrupación política pidiera la destitución de cuatro de los cinco vocales que forman el CNE por no cumplir una sentencia que les permitiría inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales de febrero.
Estos cuatro vocales votaron aprobaron no acatar la extensión del plazo para que el partido inscriba a sus candidatos para participar en los comicios, una extensión que había sido ordenada por el TCE.
Por su parte, los miembros del CNE consideraron que la sentencia del TCE era una intromisión en las competencias exclusivas del organismo y le pidieron revocar la sentencia. Además, el CNE ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de conflicto de competencias.
A pesar del número de aspirantes a la Presidencia, el CNE no ha definido la totalidad de los binomios presidenciales, ocasionando desconfianza en los ciudadanos. Además, la campaña estará caracterizada por limitaciones, debido al protocolo establecido para evitar la propagación de la COVID-19. Así, los partidos y movimientos solo podrán realizar actos con una participación limitada, dependiendo del número de electores en cada ciudad. / Europa Press