El Gobierno colombiano y los manifestantes han llegado a un acuerdo para abrir un corredor humanitario que permita suplir la escasez de alimentos y material sanitario en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, a raíz de los fuertes bloqueos registrados en la zona en el marco de las protestas.
Tras ocho días de bloqueos y disturbios, las partes han anunciado la apertura de un corredor humanitario que permita abastecer la ciudad, según informaciones del diario ‘El Tiempo’.
La iniciativa ha sido impulsada por organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica, que llevaban varios días llamando a la creación de un corredor de estas características.
«Agradezco a los líderes sociales, a los alcaldes, la Iglesia católica y a los distintos sectores que están participando de estos diálogos para la habilitación de corredores humanitarios, por su disposición a concertar», ha manifestado Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.
En este sentido, ha señalado que gracias a estos corredores han comenzado a llegar alimentos a la central mayoritaria, Cavasa, así como a la galería de Santa Elena. No obstante, ha aclarado que las conversaciones siguen «para lograr solventar la difícil situación de salubridad, alimentación, combustible y de urgencias vitales a la misión médica».
El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, ha aseverado que para ello es necesario consolidar estos corredores «con acuerdos y agradeciendo la voluntad de todos los que lo han hecho posible». Asimismo, ha señalado que la base aérea del Ejército debe funcionar como un puente aéreo para abastecer a la ciudad y así «mitigar el hambre y el dolor que está atravesando».
Ospina ha manifestado además que es de vital importancia que los mismos manifestantes «cuiden los corredores» y ha aseverado que paulatinamente irán llegando más alimentos, algo prioritario, así como medicamentos y combustible.
AUMENTO DE LA VIOLENCIA
La Policía ha informado de que desde la tarde del martes se han registrado disparos de francotiradores desde la zona alta contra la comisaría de Policía de El Lido, hechos en los que los manifestantes aseguran no haber participado en forma alguna.
Este habría sido, no obstante, el origen de los enfrentamientos registrados en la última jornada y tras el despliegue en la zona de los agentes del Grupo de Operativos Especiales (Goes).
En varias comunas del oeste de Cali también se han registrado disturbios. Desde la Alcaldía han indicado que 46 personas han resultado heridas, 13 de ellas de gravedad –si bien la mayoría presentan heridas de arma de fuego–.
Las cifras del Gobierno indican que desde que comenzaron los disturbios el 28 de abril han muerto en Cali 13 personas en relación con las protestas. El subdirector de la Policía, el general Hoover Penilla, ha dicho que «desde el 28 de abril se contabilizan en Cali daños en 8 instalaciones policiales, 21 entidades financieras, 9 sedes gubernamentales, un puesto de salud, un colegio, un hotel, 47 almacenes, 37 radares y 15 vehículos, incluidos los de la misión médica». Otras fuentes citan en más de una treintena los fallecidos.
LA UE DEFIENDE EL DERECHO A PROTESTAR DE FORMA PACÍFICA
En un comunicado, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha defendido que el «pueblo de Colombia, como el de cualquier otra parte, tiene el derecho a protestas de forma pacífica».
Este derecho, ha dicho, «junto a la libertad de asociación y de expresión» son «esenciales para la democracia y deben respetarse y protegerse, en vez de suprimirse mediante la fuerza».
«El excesivo uso de la fuerza a la hora de reprimir las protestas, la escalada de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza debe acabar», ha insistido antes de matizar que la UE «confía en la acción de las instituciones a la hora de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los abusos y violaciones de los Derechos Humanos».
Al mismo tiempo, ha expresado su condena al «uso de la violencia» y ha rechazado también «todo acto de vandalismo». «Estas acciones ilegales socavan la voz de la ciudadanía y reducen el espacio para que la sociedad civil se pueda expresar», ha lamentado.
Borrell ha pedido así que Colombia «avance hacia la senda de la paz». «Los ciudadanos colombianos merecen estabilidad y certeza», ha afirmado, si bien ha admitido que se trata de «desafíos» que exige un «esfuerzo conjunto por parte de todos los actores políticos y de la sociedad civil».
BRUTALIDAD POLICIAL
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha anunciado que está previsto que varios agentes de Policía sean imputados por la comisión de delitos de homicidio tras una serie de investigaciones.
Tal y como ha expresado, de los once casos de presuntos homicidios, tres llevan a la imputación de miembros de la Policía Nacional colombiana. Según la Fiscalía son 24 los muertos en el marco de las protestas.
De estas muertes, once estarían vinculadas específicamente con las manifestaciones, tal y como ha informado el citado periódico, que no detalla las ciudades en las que se habrían registrado estos delitos.
Tanto Barbosa como el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, han instalado una mesa interinstitucional para «informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones».
La competencia de la Fiscalía en el caso de los desaparecidos llevará a activar los mecanismos de búsqueda urgente con la finalidad de ubicar a las personas de manera inmediata de los casos registrados por las diferentes entidades.
Por otro parte, ambos contarán con la participación de un delegado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que estará encargada de que las personas desaparecidas queden registradas a nivel nacional.
La Defensoría ha presentado 89 casos de desapariciones por el momento, si bien 38 de estas personas habrían sido localizadas por parte de la Fiscalía. «Seguimos trabajando y avanzando por preservar el Estado de Derecho en Colombia y por supuesto en defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de toda la ciudadanía», ha aseverado Barbosa./ Europa Press