Agentes de la Policía Nacional han localizado un taller de costura y tapizado clandestino en una finca apartada de la localidad de Yecla (Murcia) y han desarticulado la organización criminal que lo regentaba y que se dedicaba, presuntamente, a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros.
Los agentes han realizado un total de cinco inspecciones en las que nueve personas han sido encontradas trabajando en situación irregular, según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado.
Tres personas de nacionalidad paraguaya, dos hombres de 39 y 41 años y una mujer de 34 años de edad, han sido detenidas como presuntos responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.
El operativo se inició dentro del marco de un plan a nivel europeo, el cual consiste en la realización de inspecciones, de manera aleatoria y sorpresiva, en empresas, talleres, fábricas y todos aquellos centros y establecimientos de trabajo con el objetivo de la detección de posibles irregularidades en cuanto a la contratación de sus empleados como del empleo de personas irregulares para llevar a cabo las tareas que en los mismos se desarrollan.
En la inspección de la finca, los agentes encontraron un taller de costura clandestino que no cumplía con ninguna de las medidas de seguridad, salubridad y condiciones laborales que ha de cumplir cualquier centro de trabajo. En el momento de la inspección se encontraban allí siete personas cosiendo, seis de las cuales estaban en situación irregular en España.
El lugar se encontraba lleno de telas en bolsas, las mesas estaban plagadas de retales y la ventilación era prácticamente inexistente, así como una instalación eléctrica muy precaria que generaba un evidente peligro por incendio.
Los trabajadores manifestaron a los policías que la persona que les había facilitado el trabajo les prometía a los trabajadores en situación irregular en España y que estarían ahí trabajando en la finca hasta que pudiesen regularizar su situación. Mientras tanto, aprenderían la profesión y llegado el momento serían contratados en la empresa legal que posee.
En cuanto al salario que percibían por el trabajo realizado, todo dependía de la cantidad de piezas realizadas, de las horas o del trabajo que hubiera en cada momento. La cantidad rondaba desde los 200 a los 600 euros. Salario que «como se puede imaginar aceptaban por su condición de irregularidad en el territorio nacional, ya que es la única manera que tienen de poder obtener una contraprestación por su trabajo», según las mismas fuentes./ Europa Press
