El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sacado este viernes a concurso público el proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Asilo, pendiente desde 2009, y que incluye, entre otras medidas, una ampliación de las plazas públicas de acogida y una nueva herramienta de financiación para las ONG que participan en el sistema.
Fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá han explicado que se trata de un texto que busca consolidar lo bueno del sistema de acogida español que, en la actualidad está funcionando con medidas de un rango inferior al necesario, e incorpora otras nuevas que lo equiparan a otras ya vigentes en países del entorno.
Las mismas fuentes han indicado que esta regulación era necesaria, no solo para que el sistema de acogida de protección internacional, tenga el rango legislativo adecuado, sino también para actualizar una respuesta a una realidad que ha cambiado en el país en los últimos años.
Y es que España no es un país al uso en materia de solicitudes de protección internacional. Así, mientras ciudadanos afganos, pakistaníes o eritreos reclaman habitualmente la ayuda en estados de centroeuropa, en el país la mayoría de solicitudes llegan desde Latinoamérica. Sin embargo, hay excepciones, como en el año 2015 donde se registró un pico de solicitudes ante la crisis de Siria.
ITINERARIO DE ACOGIDA
Para poner solución a estos escenarios cambiantes y frente a la realidad internacional de los últimos años, este reglamento busca definir un conjunto de recursos actuaciones y servicios y crear un itinerario que garantice un nivel de vida digno a las personas que reclaman esta protección y que, además, tengan en cuenta sus condiciones personales específicas.
Así, el proceso comenzaría con una fase de valoración inicial y derivación en la que se proporciona alojamiento provisional y una atención de las necesidades básicas en centros de alojamiento públicos o privados o específicos para solicitantes de protección internacional por un periodo de 30 días aunque, excepcionalmente, podrá ampliarse.
Una segunda fase, la de acogida, es la inicia el itinerario hacia una adquisición gradual de autonomía de la persona. En este caso, el alojamiento, también colectivo pero de menor tamaño, se distribuye teniendo en cuenta la valoración inicial y específica del beneficiario. Se tiene en cuenta el perfil, el sexo, la edad y la situación familia, además del perfil sociolaboral y otras necesidades.
Este periodo podrá durar un máximo de seis meses, también ampliable en casos, por ejemplo, de vulnerabilidad o de personas reasentadas.
MÁXIMO DE 18 MESES
Y, una vez terminada esta fase, los beneficiarios de la protección internacional entran en la fase de autonomía en donde se les dota de una asignación de ayuda económica personalizadas en función del perfil y con el objetivo de cubrir necesidades básicas. Los servicios de traducción e interpretación, de asesoramiento sociolaboral o de acceso a programas de formación, entrarían dentro de este periodo.
Tal y como han indicado fuentes de Migraciones, se ha calculado un tiempo máximo de permanencia en el sistema de estas personas de unos 18 meses, contando con las ampliaciones que suponen algunas excepciones. Sin embargo, desde el departamento recuerdan que la mayoría de solicitudes que se registran en España son de personas que comparten nuestro idioma y facilidad de integración laboral, por lo que no suelen agotar este tiempo.
Además de la definición de este itinerario, el reglamento busca mejorar las infraestructuras del sistema con una tipología de centros más homogéneo y ampliar las plazas públicas que en la actualidad suponen un 4% del total, es decir, apenas 400 de unas 10.000. En concreto, se busca alcanzar las 5.700 (incluyendo plazas de atención humanitaria) que es el objetivo recogido en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
FINANCIACIÓN PLURIANUAL
Para el resto, se seguirá trabajando con el Tercer Sector, aunque se busca modificar el sistema de financiación que, actualmente es por subvención anual. A través de la acción concertada, Migraciones pretende trabajar con las ONG de forma que estas reciban una financiación plurianual que les permita trabajar más a largo plazo.
Para ello, se hará una fiscalización continua, se valorará la experiencia, las mejores prácticas (que se buscará exportar a todas las organizaciones participantes en el sistema) y habrá un continuo intercambio de información con ellas.
Por otra parte, el reglamento recoge la colaboración a través de convenios con las comunidades autónomas que quieran realizar acciones concretas en la fase de autonomía de estas personas beneficiarias de protección internacional.
En este sentido, Migraciones apostaría por un sistema que, a través del Estado, establezca cuotas de participación pero, a través de esos acuerdos o convenios, dé mayor participación a aquellas regiones que así lo soliciten.
SEGURIDAD JURÍDICA PARA QUIEN SEA RETIRADO DEL SISTEMA
Y, por último, este texto incluye el marco por el que una persona beneficiaria de esta protección deba salir del sistema por aplicación del régimen disciplinario, a través de un régimen sancionador.
Desde Migraciones prevén que la tramitación de este reglamento, que tras la consulta pública debe ser analizado para posibles aportaciones por los ministerios del Gobierno, esperan que pueda estar aprobado en el Consejo de Ministros en el mes de abril. / Europa Press