Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama delictiva, dentro de la operación ‘Estampita’, donde la principal investigada, una mujer de 65 años de origen peruano, supuestamente se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal en España con cartas de invitación falsas y empadronaba fraudulentamente a inmigrantes ilegales en domicilios de La Línea de la Concepción sin que éstos vivieran en esos inmuebles.
Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, una carta de invitación es un documento por el que un español o extranjero residente legal en España solicita acoger a un extranjero por un período no superior a 90 días, con el compromiso de hacerse cargo de esta persona durante su estancia en el país, y sin estar autorizado a trabajar. En total, se han detectado diez solicitudes de cartas de invitación fraudulentas.
La investigación se ha desarrollado sobre una trama delictiva en la que la cabecilla, directamente o a través de terceras personas, favorecía la estancia irregular en territorio español de ciudadanos extranjeros, vulnerando la legislación española de extranjería.
La colaboración de la Oficina Municipal del Padrón de La Línea de La Concepción ha servido para localizar los dos domicilios donde la cabecilla había empadronado, directamente o a través de terceras personas, a 19 personas extranjeras que no habitaban en dicho domicilio.
El modus operandi de esta trama consistía en solicitar cartas de invitación a familiares y amigos para que pudieran viajar a España y entrar legalmente en el país por los puestos fronterizos habilitados, simulando viajes vacacionales.
Además, les sufragaban los billetes de avión y, una vez en territorio nacional, les facilitaban el empadronamiento en dos domicilios de la localidad de La Línea, contrayendo así una deuda de 4000 euros que devolvían trabajando en un establecimiento de alimentación regentado por la principal investigada.
La mujer ofrecía trabajo a varias de estas personas extranjeras sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, careciendo de Autorización de residencia y trabajo, hechos que han sido constatados con las inspecciones realizadas conjuntamente con Inspección de Trabajo de Cádiz.
Cabe recordar que el Código Penal español expone que el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
En cuanto a la legislación española en materia de extranjería, supone una infracción grave el promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización, lo que conlleva una multa de 501 a 10.000 euros./ Europa Press