El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a la banda Dominican Don’t Play (DDP) como una presunta organización criminal a raíz del intento de asesinato que algunos miembros de la banda habrían perpetrado en abril de 2021 en Seseña, un municipio en Toledo.
En un auto del pasado mes de febrero, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acordó reabrir la investigación después de que el Tribunal Supremo resolviese que la Audiencia Nacional era la competente para conocer de los hechos y no el Juzgado de Instrucción de Illescas.
El alto tribunal, en un auto fechado en diciembre del pasado año, explicaba que «del desarrollo de las investigaciones practicadas» hasta ese momento se desprendían «serios indicios de que el presunto delito de falsificación y distribución de moneda se desarrolla como actividad instrumental de una organización criminal»: la de los DDP.
Esos delitos, sumados a la «consideración como organización criminal de dicha estructura», llevaron a concluir al Supremo que «los Juzgados Centrales de Instrucción están en mejor condición para la eficaz investigación de determinados delitos graves en los que concurran factores organizativos complejos».
El alto tribunal puso el foco entonces en la «existencia de un grupo u organización criminal a cuyo abrigo se habría desarrollado el delito de falsificación de moneda», lo que llevó a concluir que la «instrucción de los hechos justiciables» debía ser asumida por la Audiencia Nacional.
EL JUEZ HA INTERROGADO A TRES PERSONAS
Fuentes jurídicas han señalado a esta agencia de noticias que desde que el juez Pedraz asumió la competencia de esta causa el pasado mes de febrero ha tomado declaración como investigados a tres presuntos integrantes de la banda.
Cabe recordar que el propio magistrado descartó en marzo del pasado año que fuese competente para investigar a los miembros de la banda DDP argumentando que los hechos investigados y que se derivan de la ‘operación Bacano’ iniciada por la Guardia Civil no encajaban en los supuestos que determinan la competencia de la Audiencia Nacional.
El juzgado de Illescas se inhibió entonces en favor de la Audiencia Nacional al entender que los hechos se podrían tipificar como homicidio, falsificación de moneda o tráfico de sustancias estupefacientes, todos ellos competencia de la Audiencia Nacional.
Pedraz señaló en aquel momento que las pesquisas se referían a un modo de actuación jerarquizado por parte de los miembros de la banda, pero añadía que no se había acreditado que en la comisión de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda se operase con los requisitos exigidos para su imputación en el marco de una organización criminal.
EL INTENTO DE ASESINATO
Los hechos sucedieron el 20 de abril de 2021 en Seseña, cuando un joven fue abordado al bajarse del autobús por A.C.A.C., J.P.R.M., R.G.V., V.E.C. y L.A.P.D. A raíz del ataque se produjeron las investigaciones que dieron lugar a la apertura de las diligencias, de manera que se logró identificar a las personas que formaban parte, presuntamente, de la banda DDP, concretamente del coro formado en Seseña, que constituiría una escisión de la rama de Villaverde, en Madrid.
Autorizadas las intervenciones telefónicas precisas y teniendo en cuenta el resultado de la investigación, se autorizó la entrada y registro de varios domicilios de los investigados, así como en las celdas del centro penitenciario de Ocaña I donde se hallaban en prisión provisional dos de los investigados.
Así, y dada la existencia de indicios de que se encontraban dando instrucciones desde la cárcel a los considerados segundos en el escalafón del coro, concretamente por parte de A.C.A.C. a A.S.T. y H.M.M.S., todo ello desembocó en la puesta a disposición del juzgado de los 11 detenidos en la operación ‘Bacano’.
Además de ese intento de asesinato, los miembros de la banda investigados también estarían presuntamente implicados en el asesinato de un joven de 25 años el pasado 5 de febrero de 2022 en el distrito de Usera de Madrid.