La Policía Nacional de Perú ha detenido este martes a la ex primera ministra Betssy Chávez, después de que el Tribunal Supremo andino ordenara su «captura inmediata» por presuntos delitos de rebelión y conspiración en su supuesta vinculación al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver en diciembre el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.
Un grupo de agentes ha ingresado en la tarde de este martes en la vivienda de la exjefa de Gobierno de Perú para notificarle sobre la orden de detención en su contra dictada por el Poder Judicial, informa la emisora RPP.
Chávez, al conocer la orden de captura, había señalado que esperaría en su domicilio a que apareciese la Policía. «Nos hemos enterado por los medios de comunicación y todavía no hemos sido notificados formalmente», recriminó.
«Tengo la valentía para afrontar esta situación (…) Nosotros estamos solicitando que (el proceso) sea aquí, en Tacna –ciudad peruana en el sur del país– porque todos mis arraigos están aquí», declaró.
El abogado de la exjefa de Gobierno Erwin Siccha ha indicado que, tras agotar la vía penal, recurrirán al Tribunal Constitucional para intentar revertir la decisión de prisión preventiva. Mientras que se resuelve, el equipo legal solicitará que sea recluida en un penal de su ciudad natal, Tacna.
«(No presentaremos) apelación porque los recursos impugnatorios en sede ordinaria penal ya han sido agotados, pero sí lo haremos ante la justicia constitucional. Interpondremos todas las acciones con la finalidad de revertir esta decisión que consideramos, reitero, arbitraria», ha señalado Siccha.
También ha cuestionado la decisión judicial y ha considerado que no se ha analizado íntegramente lo actuado durante la investigación, por lo que indica como «ilícitos varios actos de investigación por parte de la Fiscalía».
«Es la única investigada a la que se le ha declarado secreto una disposición fiscal y se han realizado actos de investigación secretos para intentar forzar, intentar acreditar en segunda instancia los presupuestos para que se le imponga una prisión preventiva», ha explicado. Así, ha señalado que estas medidas son «absolutamente inconstitucionales en toda parte del mundo».
La sala penal permanente del máximo tribunal peruano había declarado como «fundado» el recurso de apelación presentado por la Fiscalía después de que el Supremo rechazara la petición de 18 meses de prisión preventiva en primera instancia.
El Supremo rechazó en abril la petición de la Fiscalía del país de prisión preventiva para la ex primera ministra, si bien el juez Juan Carlos Checkley decretó una multa de 100.000 soles para Chávez (24.272 euros) en compensación por su libertad.
A mediados de marzo, el Poder Judicial andino dictó un impedimento de salida del país de varios días contra Chávez, días después de que salieran a la luz unas imágenes inéditas e las que se ve a Castillo en connivencia con Chávez en los instantes previos al discurso lanzado por el exmandatario en el que anunciaba la disolución del Congreso.
Este anuncio no fue respaldado y derivó en la detención del exmandatario, tras lo que la hasta entonces ‘número dos’ de Castillo, Dina Boluarte, ascendió a la Presidencia. Mientras, sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles para protagonizar unas protestas que se han prolongado durante semanas, exigiendo la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones, que se han saldado con la muerte de más de 60 personas./ Europa Press