Colectivos de trabajadores del sector turístico y vecinos residentes del distrito de Machu Picchu se encuentran en huelga desde la semana pasada después de que el Gobierno de Perú adjudicara la venta de entradas a una empresa, lo que consideran como una privatización del patrimonio cultural.
Las manifestaciones han provocado el cierre de negocios y han llegado incluso a paralizar el tráfico ferroviario hacia y desde Machu Picchu, dejando aislados a cientos de turistas en las montañas andinas que finalmente tuvieron que ser evacuados por no poder llegar a las ruinas ni tampoco regresar a su punto de origen.
De acuerdo con un comunicado de los principales colectivos de Machu Picchu, el Gobierno ha favorecido a la empresa Joinnus con la concesión de la gestión de la venta de entradas, de las que obtendrá un beneficio del 3,9 por ciento de cada boleto vendido. Esto supondría unas ganancias estimadas de 12 millones de soles –más de 2,9 millones de euros– al año.
Sin embargo, desde el Gobierno peruano niegan que la adjudicación de la venta de entradas a Joinnus sea una privatización, y argumentan que esta concesión permitirá evitar la venta fraudulenta de entradas, y facilitará la gestión de los visitantes de las ruinas incas, poniendo un límite de 4.500 turistas por día.
Colectivos sociales y turísticos de Machu Picchu mantienen desde hace días negociaciones con responsables del Ministerio de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo en aras de alcanzar un punto de acuerdo. Desde el Gobierno han destacado que las manifestaciones y huelgas podrían llegar pronto a su fin.
Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, el Gobierno y las autoridades de Cusco, donde se ubica Machu Picchu, habrían llegado a un acuerdo para impulsar una plataforma controlada por ambas partes para gestionar las entradas al santuario, según recogen medios locales.
De acuerdo con Mathews, esta plataforma es similar a la que se usa en otros países para impulsar un «sistema de control y auditoría permanente» sobre patrimonio cultural, que además facilitaría la venta de entradas por internet sin necesidad de adquirirlas de forma presencial, bajo riesgo de no poder acceder a las ruinas.
Por su parte, la ministra de Cultura, Leslie Urtega, ha informado de que este mismo miércoles mantendrá una reunión con especialistas para perfilar un cronograma para la transición a la nueva plataforma, recalcando que en ningún momento se volverá al sistema anterior y que hasta que entre en funcionamiento la nueva fórmula, la venta de entradas seguirá dependiendo de Joinnus.
A nivel económico, el ministro ha lamentado que, debido al bloqueo en Machu Picchu se están perdiendo hasta un millón de soles peruanos –más de 240.000 euros– al día, a los que habría que sumar las pérdidas de los negocios locales que se benefician del flujo de turistas que visitan el santuario inca./ Europa Press