Edith Espinola, una de las portavoces del movimiento ‘Regularización Ya’, ha pedido «una mirada más amplia» a PP y PNV en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas migrantes.
«Nosotras creemos que tanto el PP como el PNV, a quienes le hemos pedido reunión justamente para explicar nuestra postura y por qué estamos hablando de eso, no están entendiendo la situación extraordinaria y la esencia de la ILP», ha asegurado Espinola en una entrevista al programa ‘Parlamento’ de Radio Nacional recogida por Europa Press.
Así lo ha apuesto de manifiesto al hacer alusión a las enmiendas del PP y PNV a la ILP. En este sentido, los ‘populares’ han presentado una enmienda parcial en la que especifica que la regularización deber ser realizada de forma «individualizada». La formación mantiene la fecha del 1 de noviembre de 2021, que recoge el texto de la ILP, pero especifica que los candidatos no pueden haber delinquido ni tener prohibida la entrada en el país.
Además, los ‘populares’ limitan el acceso a esta regularización a aquellos migrantes que puedan acreditar estar realizando o haber realizado una actividad económica continuada en España por un tiempo de al menos 1 año; contar con un proyecto permanente y viable de explotación o desarrollo de actividad por cuenta propia, de al menos un año; solicitantes de asilo o de protección internacional, cuya petición se encuentre en trámite y no haya sido objeto de resolución denegatoria; aquellos que cumplan con alguno de estos requisitos y puedan presentar ante la Administración la documentación necesaria que certifique la obtención previa de contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social; o los que hayan solicitado renovar sus permisos bajo determinadas circunstancias.
En el caso del PNV, ha presentado otra enmienda parcial para que sean los empresarios los que soliciten en el plazo de un año de la entrada en vigor de la norma que se otorgue una autorización de residencia y trabajo a migrantes que hayan llegado a España antes del 1 de septiembre de 2024, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos.
En este sentido, Espinola ha señalado que lo que propone el PP, «en la práctica», no supondría una regularización extraordinaria. «No, porque ya lo podrían hacer por la vía ordinaria. Son gente que en el 2021 ya estaban por cumplir los tres años y, si contamos 2021, 2022 y 2024, realmente ya tienen los tres años que exige la vía ordinaria, que es el arraigo», ha explicado.
Asimismo, ha añadido que si las personas pudieran regularizarse por la vía ordinaria del arraigo social, del arraigo familiar, de formación y todas las otras vías que existen, «ya lo estarían haciendo». «Lo que queremos que tengan en cuenta son estas situaciones extraordinarias de personas que no están pudiendo completar este contrato que exige de 40 horas un salario mínimo. Son personas que de repente han tenido una multa muy leve, como son los compañeros que están en el Sindicato de Manteros y que tienen multas por los cuales tienen un antecedente penal. Se tiene que tener en cuenta», ha reclamado.
En esta misma línea, ha recalcado que «lo que no puede ser» es que presenten «lo que está ya escrito en la Ley de Extranjería». «Estamos pidiendo una mirada más amplia, basada en los derechos, en la justicia social y que se tengan en cuenta que son personas que están trabajando en puestos esenciales en el país y que necesitamos que coticen y que tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano», ha subrayado.
Además, ha insistido en que quieren que el PP les de «la oportunidad» de sentarse para hablar sobre la ILP. Así, ha destacado que los ‘populares’ ya hicieron anteriormente regularizaciones. «Por eso creemos que tienen una mirada amplia y que pueden construir derechos, lo han hecho, y que pueden seguir haciéndolo, marcando la historia hacia una igualdad», ha afirmado.
QUIEREN QUE NO HAYA FECHA LÍMITE
También se ha referido a la enmienda conjunta presentada por PSOE y Sumar, para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023. Así, Espinola ha destacado que «supone un cambio y una consideración absoluta», por el retraso en la tramitación de la ILP. En todo caso, ha indicado que, para el movimiento, lo «correcto» sería la entrada en vigor de la normativa de la propuesta de ley, es decir, sin fecha límite.
En el caso en el que finamente se tomase como referencia la fecha del 31 de diciembre de 2023 que pide PSOE y Sumar, Espinola cree que serían algo más de medio millón de personas las que se regularizarían. «Podemos trasladarnos y queremos que estas personas que están ya en el país en situación administrativa y regular tengan los derechos y estén dentro de los radares que dicen los partidos políticos que tienen que estar. Entonces para eso la única forma es regularizar», ha expuesto.
Finalmente, sobre la implicación de Cáritas y la Iglesia para conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios a la iniciativa, ha dicho que el movimiento tiene «constancia» de que siguen «trabajando y hablando, negociando y construyendo este relato de justicia social». «Porque tanto la iglesia como Cáritas y las entidades que formamos parte de la ILP entendemos y creemos que los partidos que están en el Gobierno o que están en el Congreso entienden que tenemos que mejorar la vida de toda la ciudadanía y eso pasa porque otorgar derechos a los que están excluidos en este momento», ha defendido./ Europa Press