Ocio Latino.- Esta semana los profesionales del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid fueron informados de que más de 6.000 menores nacidos después de la entrada en vigor del RDL 16/2012 habían sido borrados del sistema informático con el que se hacen las citas sanitarias. Mediante una circular el Servicio Madrileño de Salud avisaba al personal sanitario de que se había reducido la caducidad de la atención primaria de los “transeúntes recién nacidos” (recién nacidos que aún no han regularizado su situación en el sistema de salud) de 1 año a 90 días. Automáticamente todos los registros de menores no regularizados se borraron de la base de datos y pasaron al histórico. La consecuencia es que decenas de niños de entre 3 meses y 3 años han sido privados de atención primaria normalizada por una decisión administrativa arbitraria y discriminatoria.
Sos Racismo Madrid ha denunciado que esta medida afecta directamente a los hijos de los inmigrantes, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación irregular. El nuevo plazo de 90 días es claramente insuficiente para regularizar la situación sanitaria de estos menores y genera graves situaciones de desamparo:
•Para los hijos de progenitores con permiso de residencia, la regularización no se puede hacer hasta que el menor no tenga el NIE, proceso que normalmente se demora más allá de los tres meses estipulados por la nueva circular.
•Para las personas en situación irregular la medida agrava la actual situación de estigmatización y criminalización que les impide registrar a sus hijos en el sistema público de salud.
La medida sigue la senda discriminatoria del RDL 16/2012, que excluyó a más de 800.000 personas del sistema público de salud, divide a las personas entre pacientes de primera y de segunda y pone en riesgo la salud de miles de niños en la Comunidad de Madrid.
En un comunicado, SOS Racismo Madrid exige que el Servicio Madrileño de Salud corrija inmediatamente este grave error administrativo y garantice el derecho a la asistencia sanitaria integral y gratuita a todos los menores de la Comunidad de Madrid, con independencia de la situación administrativa de sus progenitores.
