Save the Children ha remitido una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que le pide «que adopte medidas excepcionales» para evitar que haya personas migrantes y solicitantes de asilo, entre ellas, menores de edad, que queden en situación irregular, desprotegidas y sin acceso a ayudas durante la pandemia del coronavirus.
La ONG llama a «proteger» tanto a los niños y niñas migrantes cuya situación administrativa depende de la de sus progenitores, como a los menores y jóvenes extranjeros tutelados por la Administración, en especial aquellos que están cumpliendo la mayoría de edad durante el Estado de Alarma.
Para Save the Children, la emergencia «requiere de medidas excepcionales» que permitan a la población migrante y refugiada acceder a la documentación porque, a su juicio, es la «única manera de asegurar que esté protegida frente a la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas».
Esta ONG de infancia se suma a así a las más de 900 organizaciones y colectivos que ya han apoyado la campaña ‘#RegularizacionYa’ que exige la regularización de todas las personas que en situación administrativa irregular en España durante la pandemia del COVID-19.
Aunque la entidad ha celebrado las medidas adoptadas por el Gobierno para la contratación de personas migrantes en sectores esenciales como el agrario y el sanitario, o para la homologación acelerada de sus estudios, también ha pedido «que se permita la contratación» de personas en situación irregular en sectores esenciales», como los cuidados o la limpieza, entre otros.
Estas personas tendrían así acceso a un permiso de residencia y trabajo de un año de duración que debería ser renovable, según ha recalcado la ONG.
A su vez, la entidad ha propuesto que se prorroguen al menos hasta final de año las autorizaciones de residencia y trabajo que caduquen durante el Estado de Alarma y en los tres meses posteriores. Asimismo, ha reclamado «que se flexibilicen los requisitos económicos, laborales y de cotización para renovar las autorizaciones de residencia y trabajo que caduquen a partir de enero».
También ha solicitado que se otorgue una autorización de residencia y trabajo «por circunstancias excepcionales» a las personas en situación irregular que han estado detenidas en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y que no han podido ser expulsadas a su país de origen durante el Estado de Alarma.
PROTECCIÓN PARA MENORES TUTELADOS
Por otra parte, Save the Children ha expresado especial preocupación por los niños, niñas y adolescentes migrantes tutelados por la Administración que han cumplido la mayoría de edad después del 14 de marzo o van a hacerlo en los próximos meses.
Aunque la ONG ve positivas las medidas que se han adoptado para mejorar su situación –como la instrucción que habilita a trabajar a los que tienen entre 16 y 18 años–, ha dicho temer que «muchos sean expulsados del sistema de protección sin tener posibilidad real de emanciparse en plena crisis de la COVID19 o sin acceder a recursos post tutela».
Así, para evitar situaciones de extrema vulnerabilidad, la ONG ha sugerido «otorgar un permiso de residencia y trabajo de un año por circunstancias excepcionales a aquellos que cumplan 18 años mientras dure el estado de alarma y en los próximos meses»./ Europa Press
