América Latina registró su primer caso de coronavirus el pasado 26 de febrero en Sao Paulo. Desde entonces los números han ido en aumento pero la pandemia aún no ha llegado a su punto álgido, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que «es vital que los países refuercen las medidas de protección ahora», un llamamiento que ha recibido distintas respuestas por parte de los gobiernos de la región.
Brasil es con mucho el país latinoamericano más castigado por el coronavirus, con 97.100 casos confirmados, entre ellos 6.761 personas fallecidas. Pese a ello, su respuesta a la pandemia ha sido la más laxa del subcontinente.
El presidente, Jair Bolsonaro, que llegó a calificar el virus de «gripecita», no solo ha rehusado declarar medidas de confinamiento, sino que ha predicado abiertamente contra ellas llegando a participar en distintas manifestaciones, incluida una que defendía una «intervención militar» frente al Congreso y el Supremo.
La medida más contundente que ha adoptado el gigante suramericano ha sido el cierre de fronteras, excepto para quienes viven y trabajan en lados distintos de la línea limítrofe y los movimientos esenciales, por ejemplo, de bienes y servicios.
En esta coyuntura, los gobernadores brasileños han tomado la iniciativa. Así, Sao Paulo –el estado más poblado del país con más de 45 millones de habitantes– o Río de Janeiro han declarado cuarentenas.
Bolsonaro se ha rebelado contra ellos, acusándoles de «inflar» la cifra de muertos por Covid-19 para alimentar el «clima de terror» y conseguir más recursos federales. El conflicto institucional ha recalado en el Supremo, que ha reconocido la autonomía de gobernadores y alcaldes para actuar contra el coronavirus.
El líder ultraderechista se ha enfrentado hasta a su ministro de Salud, el médico Luiz Henrique Mandetta, que abogaba por medidas de reclusión social, o al menos «un discurso único» desde el Palacio de Planalto, y que acabó cesado.
México, con 22.088 casos y 2.061 muertos, tampoco ha querido imponer un confinamiento obligatorio pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sí ha recomendado a los mexicanos que se queden en casa para evitar los contagios, ha suspendido las clases y las actividades no esenciales y ha cerrado fronteras.
No obstante, AMLO, como le ha bautizado la prensa local, ha mantenido sus caravanas semanales por la geografía mexicana, donde ha abrazado y besado a sus seguidores. «La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio», ha justificado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
MEDIDAS DRÁSTICAS
En el extremo opuesto se encuentra El Salvador. La pequeña nación del Triángulo Norte de Centroamérica se sitúa entre las menos afectadas en América Latina y en el mundo, con 446 positivos y apenas once personas fallecidas, y, sin embargo, ha apostado por la máxima precaución.
La Asamblea Legislativa, que mantiene un pulso político con Nayib Bukele desde el arranque de su mandato, aprobó el estado de emergencia nacional solicitado por el Gobierno, pero el presidente lo ha ido endureciendo vía decreto hasta transformarlo en lo que los medios salvadoreños han calificado de «régimen de excepción».
Bukele ha ordenado un confinamiento absoluto autorizando a la Policía a detener a quienes lo infrinjan aunque haya que «doblarles la muñeca». Algunos de los arrestados han sido trasladados a los centros de contención creados para aislar durante 30 días a los casos sospechosos, donde –según ha advertido– no son una «prioridad» en la atención médica.
El Congreso, dominado por la oposición conservadora de ARENA e izquierdista del FMLN, ha acusado a Bukele de abuso de poder, algo que ha confirmado el Constitucional en sucesivos fallos que el presidente se ha negado a cumplir. «Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño», ha sentenciado en Twitter.
Otros países latinoamericanos, como Colombia –7.285 casos y 324 muertos– y Bolivia –1.470 infectados y 71 decesos– han optado por un camino similar al emprendido por China, Italia o España, en el ‘top ten’ de los más afectados por el coronavirus, anunciando cuarentenas de ámbito nacional que completan igualmente con suspensión de clases y servicios no primordiales, así como cerrando fronteras.
La misma línea ha seguido Ecuador, donde el coronavirus colapsó los servicios funerarios hasta el punto de que el Gobierno de Lenín Moreno tuvo que crear una fuerza especial dedicada a recoger los cadáveres, de víctimas de la Covid-19 o por otras enfermedades, de calles y casas en Guayaquil, epicentro de la pandemia en el país, que tiene 27.464 personas contagiadas y 1.371 fallecidas.
LA VÍA INTERMEDIA
Gobiernos como el de Sebastián Piñera en Chile han ideado una vía intermedia que consiste en declarar «cuarentenas selectivas y dinámicas», es decir, solo en los territorios donde haga falta y más o menos estrictas en función de la evolución del coronavirus en el lugar. «Una cuarentena total no es sostenible», dijo en T13, advirtiendo de que puede conducir a «una crisis social y económica».
A pesar de esta línea roja, Piñera sí ha adoptado medidas preventivas de ámbito nacional, tales como bloquear los accesos a la nación del Cono Sur, la suspensión de las clases y la prohibición de concentraciones públicas con más de 50 personas, para frenar el avance del virus en territorio chileno, donde deja un saldo de 18.435 casos y 247 muertes.
Cuba, con 1.611 contagiados y 66 víctimas mortales, ha puesto en marcha una estrategia parecida, imponiendo cuarentenas solo en los municipios o distritos donde se ha entrado en la fase de transmisión local. Entretanto, mantiene suspendidas las clases y clausurados puertos y aeropuertos y ha pospuesto su emblemático desfile del 1 de mayo.
Otro grupo de países, entre los que se encuentran Uruguay, Guatemala y Honduras, han diseñado un plan de contingencia que evoluciona a medida que lo hace el coronavirus. De esta forma, han declarado toques de queda para los territorios concretos con horarios que varían también entre zonas, dependiendo de la incidencia de la Covid-19 en cada una. A ello han añadido decisiones de calado nacional, como el cierre de fronteras, la suspensión de clases y la prohibición de eventos masivos.
Por otro lado, en Venezuela y Nicaragua la pandemia ha servido para azuzar las crisis políticas preexistentes. En el primer país, el Gobierno de Nicolás Maduro cuenta 345 personas enfermas y 10 fallecidas, si bien la oposición capitaneada por Juan Guaidó asegura que las cifras serían mucho mayores. La nación centroamericana, por su parte, solo reconoce 14 casos y tres muertos, unos datos que los críticos con el Ejecutivo de Daniel Ortega también cuestionan.
En total, América Latina tiene 242.335 positivos y 13.050 muertos, para un balance global de 3,4 millones de casos y unas 244.000 víctimas mortales. Para el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, eso significa que la región está como Europa «hace seis semanas», por lo que «se puede esperar para las próximas semanas un crecimiento del número de casos». De hecho, la jefa de la OPS, Carissa F. Etienne, ha señalado que a medida que han aumentado las pruebas diagnósticas en la región los números también lo han hecho.
«Por eso es importante que los gobiernos sigan sin bajar la guardia», ha subrayado Barbosa. En cambio, la mayoría de los países que han adoptado medidas preventivas, incluido el confinamiento, han anunciado el inicio de la desescalada en el mes de mayo. / Europa Press
