El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha confirmado este lunes por la noche que 487 personas se vacunaron «extraoficialmente», entre ellas altos cargos y servidores públicos, que «aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm».
Sagasti se ha dirigido a la nación acompañado de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y ha reiterado su «indignación y decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizados con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se usaron en los ensayos clínicos en nuestro país», recoge Agencia Andina.
Entre las personas que recibieron la inoculación sin que les correspondiera se encuentran la exministra de Salud Pilar Mazzetti, que hace unos días negó haberla recibido, y la de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunció ayer al cargo tras admitir que se había vacunado.
Según información a la que ha tenido acceso ‘El Comercio’, Mazzetti se vacunó a mediados de enero de este año y recibió la segunda dosis el 6 de febrero en las instalaciones de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), según fuentes del programa de ensayos de Sinopharm.
Así, Mazzetti recibió el inmunizador de Sinopharm antes de la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus, que aterrizó el 7 febrero en el país andino.
Al respecto, Sagasti ha mostrado un «sentimiento profundo de dolor, porque estas personas que formaron parte de nuestro Gobierno de Transición y Emergencia, faltaron a su deber de servidoras públicas y a su lealtad con la Presidenta del Consejo de Ministros y conmigo».
Tras admitir el domingo que recibieron la vacuna el exviceministro de Salud Pública Luis Suárez y Astete, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha anunciado este lunes de que el Gobierno ha abierto una investigación sobre la supuesta vacunación «extraoficial» llevada a cabo por altos cargos, que habrían llegado a una serie de acuerdos con las empresas farmacéuticas para inmunizarse de forma subrepticia.
Según había adelantado horas antes Ugarte a la emisora RPP, «la primera versión en el Ministerio de Sanidad puede ser de entre 15 y 20 vacunados».
El presidente ha confirmado que el listado de personas que fueron beneficiadas de la vacuna se enviará a la Contraloría General de la República, al Fiscalía, a la Procuraduría General del Estado y a la comisión investigadora formada por Ugarte para que se inicien las acciones que correspondan.
INVESTIGACIÓN A VIZCARRA
Por otro lado, la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, ha abierto una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo debido a indicios de irregularidad en la administración de los inmunizadores adicionales a él y a su esposa, tal y como ha confesado el exdirigente.
Según un documento fiscal de Ávalos, al que ha tenido acceso ‘El Comercio’, existen diversas incongruencias en las versiones de Vizcarra sobre la aplicación de estas vacunas.
En concreto, la fiscal ha señalado que el expresidente reconoció haber recibido la dosis junto a su esposa en octubre de 2020 y aseguró que fue como «voluntarios» de ensayos clínicos, si bien la UPHC ha negado la versión de Vizcarra al indicar que ni él ni su pareja estaban dentro de los padrones de voluntarios.
«Existen datos objetivos que dan cuenta de una serie de irregularidades en el procedimiento médico de vacunación, que se realizó de manera oculta el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra», señala de este modo el documento fiscal que apunta además a que «resulta razonable la hipótesis de que habría utilizado de modo indebido el poder que le brindaba el alto cargo».
Asimismo, la Fiscalía también ha hecho hincapié en que, por el momento, no existen indicios que apunten a una «negociación de los contratos» por parte de Vizcarra ya que, aunque Perú fue elegido como uno de los territorios donde Sinopharm realizaría la fase tres de los ensayos clínicos, «tal procedimiento no implica necesariamente futuros contratos de adquisición de vacunas».
Igualmente, el acuerdo de ejecución de los ensayos fue ratificado por Sagasti y no por Vizcarra, según la Fiscalía. No obstante, ha avisado que de hallarse indicios de presuntas negociaciones por parte del expresidente, ampliará la investigación.
De este modo, ha dispuesto para el caso un plazo de 60 días y se ha citado a declarar a ocho personas, entre ellas la esposa de Vizcarra, Maribel Díaz Cabello, o el médico Germán Málaga, así como los entonces ministros de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Mario López Chavarry, y al expresidente del Consejo de Ministros Walter Roger Martos Ruiz.
La Fiscalía también ha pedido informes al Instituto Nacional de Salud, a la Universidad Cayetano Heredia y a la Nacional Mayor de San Marcos, con información sobre los ensayos clínicos, mientras el Palacio de Gobierno tendrá que entregar los registros de ingreso del médico Germán Málaga y la enfermera Cynthia del Pilar Castillo Flores, quienes administraron la vacuna a Vizcarra. / Europa Press
