Veinticuatro entidades sociales se han unido para reclamar la modificación del Reglamento de Extranjería para que se garantice los derechos de los menores migrantes que llegan a España de forma irregular.
Lo han hecho a través del marco del trámite de consulta pública abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a principios de febrero, y que tiene como fin facilitar a todos los niños y niñas su transición a la vida adulta.
El documento presentado por las entidades, se centra en los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños que han llegado solos al país y que han estado bajo la tutela de las ciudades y comunidades autónomas.
Además, se incluyen varias Disposiciones Transitorias para la aplicación retroactiva del Reglamento, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de exclusión social.
RECLAMACIONES
El objetivo, explican las organizaciones, es que los menores sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia; que cuenten automáticamente con autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años; y que se les dé una autorización de residencia y trabajo desde su ingreso en el sistema de protección, siempre que hayan alcanzado la edad laboral, y hasta los 18 años, eliminando la vigencia inicial de 1 año.
En caso de que hayan accedido a ese derecho habiendo alcanzando los 17 años, su residencia inicial tendrá vigencia de mínimo 1 año, recoge el documento.
Del mismo modo, proponen que únicamente sean considerados indocumentados aquellos menores de edad que no dispongan de pasaporte o documento que acredite su edad e identidad. Y, en caso de no poder ser documentados a través de sus países de origen, sean documentados con cédula de inscripción tramitada de oficio.
También quieren que se renueve su autorización de residencia y trabajo si cumplen con uno de los siguientes requisitos: acreditación de su incorporación real o potencial al mercado de trabajo; informe positivo de la entidad de tutela o informe de esfuerzo de integración. Con vigencia de 2 años como todas las residencias renovadas, explican.
Acceder a la autorización de residencia de larga duración tras haber estado 2 años bajo la tutela de la Administración; que puedan solicitar la emisión de una tarjeta de residencia y trabajo que reconozca su antigüedad de residencia legal; y que estas iniciativas se apliquen a los jóvenes que, si bien fueron menores de edad en algún momento desde el 1 de enero de 2018, no accedieron a la autorización de residencia, son otras de las propuestas que reclaman.
Desde las entidades denuncian que el Reglamento actual «multiplica trámites administrativos, diluye responsabilidades entre las distintas administraciones y no proporciona respuestas ágiles y eficaces a las necesidades reales de estos niños». / Europa Press
