El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha tomado juramento este martes a su séptimo ministro del Interior en un año, Willy Huerta Olivas, en sustitución de Mariano Gonzáles, que ha dimitido tras dos semanas en el cargo.
«En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González como ministro del Interior. Hoy tomaré juramento al nuevo titular de este sector. Siempre con el Pueblo», ha informado Castillo en un comunicado en Twitter.
Huerta Olivas es el séptimo en ocupar el cargo de ministro del Interior en un año, y el tercero en dos meses. Gonzáles había ejercido como ministro tan solo quince días, mientras que su predecesor, Dimitri Senmache, lo había hecho durante dos meses, cuando el Congreso peruano sacó adelante una moción de censura contra su persona, ha informado ‘La República’.
El ahora exministro del Interior ha asegurado en una entrevista a Panamericana Televisión que Castillo estaría buscando «obstruir la justicia» ya que estaría impidiendo el trabajo de la inteligencia del país para dar con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente.
«No tengo ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia (…) Creo está impidiendo el trabajo de los agentes de inteligencia por razones que la ciudadanía debe conocer», ha expresado Gonzáles.
Asimismo, el exministro del Interior peruano ha sostenido que se habría enterado de su renuncia «de manera sorpresiva» después de haber mantenido una conversación telefónica con el mandatario para acordar una reunión el miércoles 20 de julio.
«Conversé minutos antes de que emitiera el tuit la Presidencia y supuestamente estábamos pactando una reunión para mañana», ha declarado en la entrevista con el citado medio.
Pedro Castillo está siendo investigado en dos causas por cometer supuestos delitos de corrupción, tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva –que actualmente se encuentra en busca y captura–, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Para los abogados de Castillo, este caso es «una investigación muerta, que nunca debió abrirse». Sus argumentos se basan en el artículo 117 de la Constitución de Perú que determina que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por hechos muy concretos y no por delitos comunes, y por eso considera que el caso es inconstitucional.
Asimismo, la Fiscalía de Perú ha acusado al presidente, Pedro Castillo, de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al mandatario.
Según la hipótesis del Ministerio Público, el exasesor de Castillo Bruno Pacheco, y el exiministro de Defensa Walter Ayala «habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo», gracias al que, junto al presidente, se habrían beneficiado económicamente.
Horas más tarde de que la Fiscalía acusase a Castillo, el pasado 14 de julio, el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, salió al paso de las acusaciones al mandatario para defender que él se desvinculado de cualquier tipo de corrupción sin importar su origen.
«El presidente de la República ha deslindado tajantemente de la corrupción, venga de donde venga. Incluso si proviene de sus familiares más cercanos», dijo Torres, según recogió la agencia de noticias Andina./ Europa Press
