Si un inmigrante pierde su puesto de trabajo, debe regresar a su país de origen. Ese es el objetivo del Gobierno Español. Pero lo más llamativo es que no importa que el inmigrante en cuestión sea legal. Todo lo contrario. Porque precisamente este Plan de ayuda al Retorno Voluntario está dirigido a los inmigrantes legales, los únicos que pueden acogerse a los incentivos que contempla.
Se acogerán a esta “invitación” aquellos que lo deseen, ya que jurídicamente es inviable expulsar a un inmigrante legal.
El principal estímulo consiste en que el interesado cobrará la prestación por desempleo en un plazo de un mes. Recibirá el 40% del total de la prestación en España, antes de partir, y el restante 60% al mes siguiente, cuando ya esté en su país de origen.
En España un trabajador que es despedido cobra el 80% de su sueldo, con un tope máximo de alrededor de 1.000 euros mensuales, durante un periodo que representa la mitad del tiempo que haya trabajado, con un límite de dos años. Así, suponiendo que al interesado le tocan 1.000 euros mensuales durante dos años (24.000 euros en total), recibirá 9.600 antes de partir y 14.400 al mes siguiente, en su país. Eso sí, el inmigrante no podrá volver a solicitar visa para España hasta que pasen por lo menos tres años.
Los extranjeros que están en el punto de mira son aquellos con cuyos países España tiene suscritos convenios de Seguridad Social, de forma que el pago se pueda canalizar. Se trata de 19 Estados, entre los que se encuentran Ecuador, Colombia o Perú.
El Gobierno cree que unos 100.000 extranjeros se querrán acoger al sistema, que se pondrá en marcha a partir del próximo septiembre. Sin embargo según el ministerio de Trabajo e Inmigración, apenas 10.000 están dispuestos aceptar la invitación al retorno.
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