La polémica que se desató tras conocerse que el ayuntamiento de Vic (Barcelona) negaría el empadronamiento a los extranjeros indocumentados, con lo que no podrían beneficiarse de los servicios básicos (sanidad o educación) ha sido aclarada por el alcalde del lugar, Josep Maria Vila d’Abadal.
El edil ha señalado que todo se debe a una malinterpretación de un comunicado emitido por su junta y que no negarán el empadronamiento sino que se denegarán las solicitudes que no presenten «el DNI, NIE o pasaporte; el visado, tarjeta de identidad de extranjero o autorización de retorno, y un documento que acredite la disponibilidad de una vivienda en el municipio», esto para evitar falsedad documental, y cuya revisión demorará un poco más el empadronamiento.
Esta medida se realiza, explica Vila, en consecuencia a la nueva Ley de Extranjería hecha por el Gobierno. «Si no les gusta nuestra medida, que cambien la ley», afirma. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, señaló tras enterarse de la polémica decisión, que limitar el empadronamiento es «ilegal» y traería «consecuencias».
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