Miguel Ángel A. R., nacido en Potosí, llegó a España en 2004. En junio de 2005 ya tenía trabajo como obrero de la construcción. Rápidamente aprendió las técnicas de su empleo y pasó a ser oficial de obra. Empezó ganando 700 euros al mes y llegó a percibir más de 3.000 euros mensuales. Claro que como buen inmigrante no le importaba trabajar horas extras e incluso en fines de semana. Nos cuenta: “Trabajé un año y medio sin parar. Me pareció fácil, al principio me cansaba mucho pero después ya me reía, era fácil. Luego llegó el dueño de los papeles, que era un peruano”… Resulta que Miguel estuvo trabajando pero con la documentación de otra persona, un peruano al que identificaremos por su nombre y las iniciales de sus apellidos, Eduardo S.P., que vivía en Suecia. Miguel ganaba poder trabajar y ganar dinero y Eduardo figuraba en alta y cotizando en la Seguridad Social española, es decir, ganaba poder cobrar luego el paro y cotizaciones para sus eventuales pensiones.
Miguel nos cuenta que esta fue una práctica generalizada en la época del auge de la construcción: “Los empresarios casi ni miraban las tarjetas de residencia. Necesitaban gente que les trabaje así que tampoco se fijaban mucho. Eduardo y yo teníamos cierto parecido, no mucho. En ese tiempo cuando te daban de alta no te miraban detenidamente, necesitaban que la obra se termine rápido. Había un montón de gente en esa situación”. Cuando Eduardo regresó a España Miguel tuvo que devolver sus documentos de residencia pero inmediatamente otro boliviano, Ernesto Q., le cedió su documentación.
Miguel cuenta: “Ernesto trabajaba de noche como vigilante así que yo trabajaba por el día y él figuraba de alta en ambos turnos en la Seguridad Social, con lo cual cotizaba mucho y así se aseguraba mejor pensión de jubilación y mejor monto de paro. Pero tuve problemas con él porque quiso que yo le pague la cuota a pagar de su declaración de la renta, 2.000 euros, en lugar de pagar a medias, como habíamos acordado”.
Miguel cuenta que en esos años trabajó sin parar prácticamente para empresas como Ferrovial y detalla que trabajó en obras de nueva construcción en Parla, Getafe, etc. Lo malo, claro, es que Miguel estuvo casi tres años trabajando bajo identidades diferentes a la suya, con lo cual ese tiempo no contaba a la hora de computar su tiempo trabajado de cara a un posible arraigo social o laboral. Tampoco se pudo acoger a la regularización extraordinaria realizada en 2005 porque llegó después del plazo estipulado. Pero lo peor fue que a finales de 2007 la policía le pidió papeles y, tras detenerlo, le abrieron expediente de expulsión. A los pocos días le llegó una carta de expulsión. Asegura que su abogada de oficio le indicó que si pasaban seis meses y no había nueva notificación el expediente se archivaba. Pero no fue así. Porque en noviembre de 2009 le llegó una segunda carta de expulsión indicando que tiene tres meses para abandonar España; además le notificaron que en el primer expediente de expulsión se le había condenado a pagar una multa de 301 euros, una notificación que nunca le llegó.
La abogada le ha dicho que es “imposible”. Es inevitable pensar en una posible negligencia de la letrada. El caso es que ahora Miguel se encuentra entrampado. “Estoy como en el Olimpo, sin posibilidad de ir ni para atrás ni para adelante”. Y es que ahora no sabe si podría lograr papeles por arraigo social porque teme que la expulsión de ejecute igualmente. Además casi no sale de casa por temor a que la Policía le vuelva a pedir papeles. “Están pidiendo papeles a los inmigrantes como si fuéramos delincuentes. No entiendo cómo este gobierno, que es socialista, nos persigue y nos acosa de esa manera” señala, abatido.
Además lamenta que ninguno de sus jefes que le prometieron contrato ha cumplido. Eso sí, no duda de que el problema es la crisis económica: “Si no fuera por la crisis todo el mundo estaría trabajando. Lo que está pasando es por la crisis. Yo tendría mis papeles, todo el mundo estaría trabajando. Si tuvieran la misma ganancia que hace dos años no les importaría hacer un contrato. Ahora tienen que pagar muchas cargas sociales para hacer un contrato y dar de alta a alguien en la Seguridad Social”.
Los jefes también van al paro En una situación parecida se encuentra Rosa S. P. Esta cochabambina llegó a España en enero de 2007. Ha estado trabajando como empleada en el servicio doméstico desde que llegó. Ahora trabaja en una casa en la que asegura que la tratan bien y donde lleva más de un año y medio. Pero la crisis también ha afectado a sus empleadores. Cuenta: “La señora es buena, me dijo que ella podía hacerme el contrato para el arraigo social. Pero resulta que su esposo se ha quedado sin trabajo, y eso que es ingeniero, pero no hay obras ni proyectos y se ha quedado en el paro. La señora trabaja en un banco pero claro ahora ella no puede pagarme mucho y menos añadir Seguridad Social. Por momentos creo que me puede decir que ya no trabajo pero sigo mejor así que nada, además tengo casa y comida. Pero los papeles no sé para cuándo, no puedo presionar porque yo misma veo la situación”.
Francisco, nacido en la región de Beni, también ha topado con la crisis. Él lleva casi cuatro años en España. “Justo cuando mi jefe –en obras de la construcción- me iba a hacer el contrato me dijo que tenía que despedir a varias personas. Yo seguí casi hasta el último. Hace seis meses me dijo que ya no había obra. Y claro del contrato nada. Me dijeron que haga arraigo laboral pero para eso tendría que denunciar al jefe y la verdad no quiero. También tengo temor que la cosa no salga y me abran expediente de expulsión porque para arraigo laboral tienes que demostrar con testigos y todo que has estado trabajando”.
Paciencia es el arma de la que se nutren miles de bolivianos en esta situación. También se ha detectado que muchos han empezado a emprender el camino del retorno ante la imposibilidad de regularizar una situación que creían resuelta antes de que la crisis asomara su siniestra sombra.
