Ocio Latino.- Desde el 1 de septiembre los extranjeros en situación irregular en España, tendrán sus tarjetas sanitarias anuladas, no se esperará a que estas caduquen, y no tendrán derecho a la asistencia sanitaria, “salvo situaciones de urgencia, accidentes, embarazo, parto, postparto o menores de 18 años, según el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril de 2012. Esta situación podría afectar a 150 mil personas aproximadamente, según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).
La ley aprobada por el Partido Popular en contra de los agentes sociales y la oposición, ha generado hasta el momento solo confusiones para su aplicación, órdenes contradictorias, cinco comunidades autónomas que rechazan la medida ( Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Comunidad Valenciana) y que ya han declarado que seguirán prestando asistencia sanitaria normalizada. Además, ha encontrado en más de 1.500 profesionales de la sanidad su oposición, declarándose objetores de conciencia y priorizando su código deontológico para poder seguir atendiendo a sus pacientes inmigrantes, algunos que incluso cotizaron a la Seguridad Social en un mejor momento económico de España, pero que, por la situación económica actual, han perdido su trabajo, la renovación de su tarjeta de residencia, su cotización al sistema sanitario y por tanto la atención médica.
La Semfyc, que reúne a más 20 mil médicos de familia del sistema sanitario español está animando a sus asociados, con un formulario publicado en su web, a sumarse a ser objetores de conciencia por considerar la ley de inmoral y que choca contra sus principios éticos. Algunos médicos están avisando a sus pacientes su condición de objetores para que sigan asistiendo con normalidad a sus consultas en contra de las órdenes superiores.
Sanidad ya ha dicho que la postura de los médicos es ilegal y que se atenderá a todo el mundo pero pasando factura. Refiriéndose a la cuota mensual que deberán pagar los inmigrantes si quieren tener una cobertura sanitaria completa: de 59,20 euros, y 155,40 euros en el caso de los mayores de 65 años, pues lo que intentan con esta medida es ahorrar 500 millones de euros.
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Inmigrantes se movilizan contra la reforma sanitaria
Quince asociaciones de inmigrantes han recibido el apoyo de partidos políticos, organizaciones y sindicatos para frenar la reforma sanitaria.
«España la hemos construido entre todos y ahora, en las malas, no puede ser ‘el váyanse, que ustedes sobran'», ha declarado Bernarda Jiménez, presidenta de la Asociación de Voluntariado de Madres Dominicanas(VOMADE), en la presentación de un manifiesto conjunto en contra de los recortes sanitarios que afectan a los inmigrantes.
El PSOE se ha comprometido a presentar un recurso firmado por 50 senadores o diputados.
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