Madrid.- El PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno que no exija solvencia al empresario cuando presenta un contrato de trabajo para un inmigrante susceptible de regularizarse, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Se trata de una proposición no de ley firmada por los diputados Antonio Hurtado y Gracia Fernández, que insta al Gobierno a asegurar las condiciones que marca la legalidad vigente en materia de contratación laboral y evitar la discriminación, respecto al resto de los ciudadanos, de los inmigrantes sin permiso de residencia, que están en condiciones de regularizar su situación.
«Para ello, no se requerirán exigencias añadidas, como es la de solvencia del empresario en los expedientes de arraigo social, y se aplicará la ley en condiciones de igualdad y no discriminación laboral», explica el PSOE.
Los socialistas argumentan que se está dando una casuística administrativa que les perjudica «enormemente» y que significa un trato discriminatorio de las personas inmigrantes respecto al resto de ciudadanos.
«Las personas inmigrantes que están trabajando de manera irregular, por tanto sin estar dados de alta en la Seguridad Social, tienen unas dificultades añadidas para regularizar su situación laboral», critica el PSOE.
A su vez, plantea que para regularizar su situación han de obtener primero el permiso de residencia. «Pero cuando acuden a obtener el arraigo social, en muchos casos se les deniega porque el contrato de trabajo que aportan corresponde a un empresario que tiene alguna deuda con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública», agrega.
DIFICULTADES PARA DARSE DE ALTA
Según denuncia el PSOE, la situación de solvencia del empresario afecta de forma directa a las posibilidades de regularización de los inmigrantes y a poder darse de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, esa misma situación deudora no tiene efecto alguno para un español que pueda ser contratado por ese mismo empresario.
Por ello, la iniciativa socialista contempla que la inspección al empresario y el cumplimiento de sus obligaciones laborales no puede perjudicar a los inmigrantes que están trabajando y se encuentran en situación de regularizar su situación.
«La solicitud, por parte del empresario, de un aplazamiento de la deuda que tenga con la Administración, debiese ser suficiente para conceder el permiso de residencia al inmigrante», indica el PSOE.
Además, afirma que es difícil de entender que, con una Seguridad Social en déficit, las personas que están trabajando irregularmente y quieren regularizar su situación cotizando a la Seguridad Social, «se les ponga inconvenientes porque el empresario no está al corriente en el pago de sus deudas con la Administración» /EP
