Madrid.- El Gobierno ha considerado conveniente firmar un nuevo acuerdo con los registradores públicos para agilizar las solicitudes para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, que se siguen acumulando.
Del 2014 hasta la fecha se han presentado 168.000 nuevos expedientes y por falta de apoyo administrativo aún está pendiente que se les asigne “un número de registro o expediente”, como tampoco se han efectuado las solicitudes previas de informes de la Dirección General de Policía, del Registro de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, así como del C.N.I., según informó Rubén Baz Vicente, subdirector general de nacionalidad del Ministerio de Justicia, en su última exposición efectuada en el Colegio de Abogados de Madrid.
Rubén Baz anunció que el Gobierno ha considerado conveniente firmar un nuevo acuerdo con los registradores públicos con el que se espera agilizar dichos trámites, como ya lo hicieran en el acuerdo anterior, donde realizaron el trabajo de digitalización de los expedientes y tramitación completa del procedimiento administrativo de nacionalidad, consiguiendo resolver aproximadamente 700.000 expedientes correspondientes a las solicitudes presentadas desde 2010 hasta 2013, resolviendo el atasco administrativo.
El subdirector general, comentó además, que los recursos administrativos interpuestos contra las denegaciones de nacionalidad también vienen sufriendo retrasos de hasta un año en su tramitación, debido al poco personal asignado a dicha área, mayoritariamente las denegaciones se suscitaron debido al sistema de citas generadas por el propio Registro Civil de “hasta siete meses de espera, que dan como consecuencia que las certificaciones de antecedentes penales caducara”, resultando que la propia administración, sin conceder el denominado “derecho de audiencia o requerimiento previo al administrado”, les denegaba la nacionalidad española.
En los últimos 14 años “se han concedido 1`290.694 nacionalidades por residencia”, cifra que demográficamente rejuvenece a la Población Económicamente Activa, ya que la edad de los nuevos ciudadanos fluctúan entre 20 y 45 años de edad.
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