Madrid.- El Servicio Jesuita a Migrantes ha denunciado el aumento de «expulsiones exprés» de inmigrantes en situación irregular -aprovechando «macrovuelos de deportación» hacia sus países de origen-, que ya superan a las realizadas desde los centros de internamiento de extranjeros (CIE).
Algunas de las detenciones se practican con engaños o en la puerta de colegios, explica el informe «CIE y expulsiones exprés», presentado el miércoles en la sede del Defensor del Pueblo, que recoge testimonios y casos de inmigrantes a los que el Servicio Jesuita ha prestado su apoyo y asistencia.
«Cuando se programa un macrovuelo a uno o varios países de origen se activa una persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino para llenar los vuelos», relata el escrito.
El coordinador de este servicio de ayuda y defensa de los migrantes, Miguel González, ha asegurado que el Gobierno está cambiando el modelo de expulsión de las personas en situación irregular y ha recordado que en 2013 fueron expulsadas 4.726 personas desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y 6.462 procedentes de las comisarías, es decir, antes de las 72 horas de su detención.
«La mayoría ya no pasa por los CIE sino que son expulsados desde la comisaría, y en ese breve plazo se dificulta el acceso a la tutela judicial efectiva e incluso a la asistencia de un abogado», ha lamentado.
Es el caso de Raúl, un joven de 19 años de nacionalidad hondureña, que fue detenido cuando se dirigía en bicicleta al instituto un jueves por la tarde y expulsado a su país el sábado por la mañana.
Su madre, Miriam, ha explicado «la impotencia y el desamparo» que sintió al no tener la posibilidad de alegar ante un juez que su hijo vivía con ella y con su hermana, ambas con residencia legal, y que Raúl tenía unos días después la cita para regularizar su situación en España.
«Me separaron de mi hijo en 40 horas, sin posibilidad de alegato y ahora él está allá y no hay solución, pero quiero denunciarlo para que no le pase a otra persona, porque es muy duro», ha dicho esta madre que lleva once años viviendo en España, quien ha señalado que «ya estuve siete años separada de mi hijo y ahora lo estoy de nuevo».
La ONG, que describe en el informe casos reales para ratificar sus denuncias, señala que en este tipo de expulsiones «no se hace valoración alguna de las circunstancias particulares» y que se ha utilizado de forma ocasional «reclamos y engaños por parte de la Policía para proceder a la detención de las personas», como decirles que acudan a esas dependencias para realizar algún trámite.
«Son expulsiones rapidísimas de personas migrantes, vecinos que desaparecen de nuestras calles de la noche a la mañana», indica la ONG y en casos como el de Raúl «familias rotas».
Además, cuando se cumple un año de la entrada en vigor del reglamento de funcionamiento de los centros, la organización religiosa ha lamentado «que no se haya cumplido nada» de lo que fija esta norma.
«Por el contrario, se observa una desidia y resistencia enorme por parte del Ministerio del Interior a revisar el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros», destaca el estudio.
El abogado de Pueblos Unidos José María Trillo-Figueroa ha dicho que se abusa del internamiento en los CIE, ya que el 54 por ciento de las personas que fueron trasladas a esos centros, fueron liberados.
Ha lamentado la falta de transparencia en los centros, las dificultades de acceso de las ONG y que se mantenga «la estructura policial, convirtiéndoles en lugares «peores que prisiones».
«Allí entran personas que son potenciales refugiados, padres de hijos españoles, personas enfermas o ancianos», ha aclarado.
En este sentido, el coordinador del grupo de visitas al CIE de Madrid, Ángel Campos, ha asegurado que las instalaciones de estos centros son antiguas y están mal mantenidas, además de carecer de enfermería y de salas para aislar a «enfermos mentales», que aseguran que han aumentado, de otros internos. / EFE
