La Defensora del Pueblo europeo, la irlandesa Emily O’Reilly, ha reclamado a la agencia europea de fronteras externas Frontex que introduzca cambios para garantizar que las operaciones que coordina de devolución forzosa de inmigrantes irregulares a sus países de origen respeten los Derechos Humanos y promuevan normas comunes para limitar el uso de la fuerza y ejercer la contención en este tipo de operaciones.
Más de 13.000 personas han sido devueltas a sus países de origen entre 2006 y 2015 en 267 vuelos coordinados por Frontex en cooperación con los Estados miembro.
La Defensora del Pueblo ha remitido una batería de propuestas a la agencia para contribuir a garantizar que sus operaciones de devolución respeten los Derechos Humanos, además de promover normas comunes para limitar el uso de la fuerza en este tipo de operaciones y que se haga pública más información sobre las mismas.
«Todos estamos consternados por las tragedias de miles de personas que han perdido su vida en un intento de cruzar el Mediterráneo», ha subrayado la irlandesa, que ha dejado claro que después de que el Ejecutivo comunitario haya reclamado «la reforma del programa de devolución para los demandantes de asilo rechazados y las personas sin un permiso de residencia válido» se debe «hacer todo para garantizar el respeto de la dignidad humana de todos los individuos que son devueltos».
Entre otros, ha reclamado que la agencia europea revise su Código de Conducta para explicitar qué tipo de fuerza se puede considerar y justifica esta medida porque aunque éste deja claro que se debe «evitar o limitar al mínimo necesario» no se dan precisiones.
Además exige que se incluya «un requisito de que la utilización de medidas coercitivas deben tener en cuenta las circunstancias individuales de cada persona, tales como su condición de vulnerabilidad», por ejemplo menores, personas con discapacidades físicas o mentales o personas con el VIH.
La Defensora del Pueblo europea ha planteado «qué límites se pueden establecer sobre medios y métodos que un Estado miembro puede utilizar para llevar a cabo operaciones de devolución forzosa» y en qué casos el Derecho Humanitario puede «prohibir» dichas operaciones.
Asimismo, ha manifestado su «preocupación» tras descubrir ,a raíz de una investigación sobre el funcionamiento de la agencia europea, que se han dado casos en los que ni un representante de Frontex ni un inspector independiente ha estado presente cuando se han realizado operaciones de devolución forzosa.
También reclama que los exámenes médicos previos al retorno se hagan un día antes o el mismo día y no en «un tiempo razonable» con anterioridad, como se estipula ahora.
OBLIGACIÓN DE INFORMAR E IDENTIFICAR A PERSONAL
Igualmente, exige una modificación del Código para obligar a los Estados miembro a dar información suficiente y clara a los inmigrantes retornados sobre las operaciones de devolución conjuntas, incluido la posibilidad de presentar una denuncia por maltrato durante la operación y que los escoltas se sometan a formación sobre Derechos Humanos, especialmente para tener en cuenta las necesidades de los colectivos vulnerables.
Asimismo, reclama que el personal que participa en las operaciones de devolución conjuntas sea identificable, ya sea su nombre o a través de un número de identificación, a fin de facilitar las quejas de los retornados, que inspectores no necesiten el permiso del Estado miembro que organiza la operación o los que participan en la misma y que el director ejecutivo de Frontex exija información a los Estados miembro sobre cómo realizan sus investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos y sus resultados, dado que «sin un mecanismo de seguimiento vinculante, Frontex no puede evaluar si se garantizan el derecho a un remedio efectivo y reparación para los retornados» en las operaciones de devolución conjuntas.
La agencia financia los vuelos en el marco de las operaciones de devolución conjuntas, pero deja claro que cada Estado miembro es el responsable último de las devoluciones y ha rechazado crear su propio mecanismo para gestionar las quejas, algo que critica la Defensora del Pueblo de la UE.
Frontex asegura que sólo se han dado tres casos críticos, incluido por el uso de fuerza, pero ha achacado los problemas prácticos a la divergencia en las normativas nacionales sobre el recurso a la contención./ Europa Press.
