Ocio Latino-. El presidente Sebastián Piñera ha tratado de enfriarlo. Abandonó su retórica bélica, pidió «perdón» por su «falta de visión» política y anunció mejoras en el sistema de pensiones y el salario mínimo, acceso a los medicamentos y la protección infantil y una mayor carga impositiva a los sectores más ricos. También propuso que los ministros reduzcan su paga como funcionarios. Los gestos presidenciales no alcanzaron para desactivar la protesta que ha provocado ya 17 muertos.
Chile vivió el miércoles una huelga general de alcance desigual, masivas movilizaciones, caceroladas y un estado latente de indignación que se extendió hasta la noche a pesar del estado de emergencia y el toque de queda. «Que se vayan los milicos«, gritaron en las calles de Santiago estudiantes, docentes, trabajadores, parados, pensionistas y familias de clase media.
El Gobierno ya paga un alto coste político en el umbral del octavo día de conflicto. Al caer el sol, y en medio de informaciones sobre enfrentamientos entre ciudadanos y policía militarizada así como saqueos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, informó sobre la firma de un decreto para llamar a servicio activo a reservistas del Ejército.
La medida se tomó debido al «desgaste» de los uniformados que han sido lanzados a las calles de las principales ciudades. «Hay que entender que las jornadas han sido muy largas, muy duras, y que el personal necesita tener su debido descanso», dijo el ministro cuya dimisión ha pedido un sector opositor debido a las 17 muertes oficialmente aceptadas que ha dejado hasta el momento el estallido social.
«Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han fallecido o padecen lesiones graves», dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Sergio Micco, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fue recibido por Piñera después de denunciar episodios de torturas, vejaciones, palizas y agresiones sexuales por parte de militares y policías que hicieron recordar los años de la dictadura de Augusto Pinochet. Las imágenes, tomadas con sus teléfonos por los manifestantes, circulan en las redes sociales y ponen en aprieto a las autoridades. El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que si se comprueban los delitos sus responsables serán condenados. «Hay querellas en curso», dijo.
Amnistía Internacional le recordó al mandatario que debe velar por los derechos humanos. Humans Right Watch repudió la magnitud de la violencia estatal. Diputados de la oposición le enviaron una carta a la Alto Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que envíe observadores al país que gobernó en dos oportunidades a los efectos de que constaten hasta qué punto ha llegado la represión. «La acción del Ejército ha incluido el uso de tanquetas fuertemente armadas para dispersar manifestaciones pacíficas y de soldados con fusiles para intimidar a los ciudadanos, con gran riesgo para su vida», denuncia la oposición,
El transporte ha recuperado parte de su rutina. Lo mismo que las cadenas de abastecimiento después de que 333 supermercados fueran saqueados o destruidos. Nadie se atrever a predecir el momento en que finalizará el conflicto. Buena parte de la sociedad está en ebullición. Se realizan asambleas en colegios, universidades, sindicatos y en las esquinas. El papa Francisco llamó a encontrar soluciones a través del diálogo. Piñera, por ahora, no quiere hablar con las organizaciones sociales.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, pareció hablar con los manifestantes al considerar que las respuestas del Gobierno han sido parciales. «Está cuestionada la clase política y la élite«, aseguró Aguilar. El conflicto no tiene liderazgo claro, es inorgánico, pero algunas de sus demandas son coincidentes: democratización del agua, disminución de las dietas parlamentarias, reducción de la jornada laboral a 40 horas y de las tarifas de electricidad, retirada el proyecto de ley tributaria, convocatoria de una asamblea constituyente y reformulación de las políticas ambiental y de género.
