Un total de 112 colectivos y organizaciones piden en una carta dirigida al Gobierno la regularización de las alrededor de 600 mil personas que, se calcula, se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social, lo que agrava, aún más, sus condiciones de vida.
Desde esta red antirracista, denuncian que la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por el Coronavirus ha puesto en evidencia, por una parte, los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitarios, sociales, laborales, económicos etc. y por otra, el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro de ellas la población migrante sin papeles.
“La crisis por el Covid-19 nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social”, asegura Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que forma parte de esta campaña. “Desde el Gobierno, dicen que no van a dejar a nadie atrás pero nos han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social, así que hemos puesto en marcha un banco de alimentos que nos ayudará a cubrir algunas de las necesidades básicas de más de 340 familias”, añade.
Además, Sarr denuncia que varias mujeres que estaban trabajando como costureras han sido identificadas y amenazadas por la policía a la salida de la fábrica de batas, gorros de médico para hospitales y mascarillas para colectivos y personas en situación de vulnerabilidad en la que han transformado su tienda de ropa.
Contra las medidas instrumentalizadoras de las personas migrantes
Asimismo, los colectivos migrantes señalan que desde el inicio del estado de alarma las propuestas del Gobierno no les han tenido en cuenta y las que se han ido tomando como el Real Decreto Ley 13/2020 responden a un carácter instrumentalista y mercantilista de “regularización selectiva” ya que responde a incorporar mano de obra en el sector agrario para evitar el posible desabastecimiento de alimentos durante esta crisis. Consideran que son políticas insolidarias que no responden a la realidad que viven las personas migrantes y refugiadas.
“Es necesaria una regularización de todas para poder ejercer el derecho a la movilidad y tener la posibilidad de ocupar cualquier puesto de trabajo y no solo los que no quieren las personas privilegiadas, como son la recogida de fruta, el cuidado de ancianos o la limpieza”, asegura el representante del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.
Edith Espinola, portavoz de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) indica al respecto que el Estado tiene “naturalizado” que su estado de bienestar y conciliación de vida “se debe seguir sosteniendo sobre la apropiación de la vida de mujeres del sur global, explotadas y abusadas para brindar servicios, cuidados y recolectar alimentos, siempre en la economía sumergida, sin derechos y explotadas”. “Las asociaciones de trabajadoras del hogar estamos aquí para demandar el fin del trabajo esclavo y la regularización inmediata de las personas migrantes que reduciría su situación de vulnerabilidad”, apunta.
En este mismo sentido se manifiesta Dolores Jacinto, representante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHYC), de València. “El 40 por ciento de las trabajadoras del hogar y los cuidados trabaja en la economía sumergida. Muchos de los empleadores no quieren hacerse cargo de los derechos que actualmente tiene reconocido el sector, por lo tanto, prefieren contratar a alguien que esté todavía sin documentación para poderse ahorrar una parte”, afirma. “Desde AIPHYC, consideramos que la regularización de las personas migrantes es necesaria para que los derechos dejen de ser un privilegio de unos pocos y algo inalcanzable para otras”, explica.
Por todo ello, más de un centenar de colectivos y organizaciones presentan hoy una carta al Gobierno con la petición de una regularización urgente, amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en el territorio español, independientemente de los requisitos administrativos de las distintas figuras que impone la Ley de Extranjería, la liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla y el cierre definitivo y permanente de estos centros, entre otras demandas.
Además, las firmantes del documento destacan que, desde el Gobierno, se pide que este virus lo paremos unidas y que esto no será posible si hay una parte de la población en las condiciones de desigualdad en la que se encuentran las personas en situación administrativa irregular. De esta forma, apelan a la necesidad de una regularización urgente, amplia y extraordinaria que permita la igualdad de derechos de toda la ciudadanía para luchar y salir verdaderamente juntas de esta crisis.
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