Al menos cinco dirigentes sociales y familiares suyos han sido asesinados en las últimas horas en el departamento del Cauca, en el oeste de Colombia. Ya son al menos 16 los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en el país en 2020.
Uenseslao Guerrero de La Cruz, expresidente de la Junta de Acción Comunal y líder comunitario de la vereda Curacas y de 57 años de edad, fue asesinado por dos individuos que le tirotearon y se dieron a la fuga en una motocicleta en la municipalidad de Mercaderes, en el de sur del departamento del Cauca.
El alcalde de Mercaderes, Fernando Díaz Salamanca, ha informado este viernes de los hechos y ha emplazado a las autoridades a impulsar medidas «tanto de inversión social como de protección a líderes sociales y de Derechos Humanos». «Ya son cinco víctimas en menos de dos días», ha subrayado.
El pasado 29 de abril murieron otras cuatro personas en una masacre en la vereda El Vado, en el mismo municipio de Mercaderes, donde perdió la vida quien sería el actual presidente de la Junta de Acción Comunal, Álvaro Narváez Daza.
Narváez fue asesinado junto a su esposa, uno de sus hijos y su nieta, tras recibir varios impactos de bala disparados por miembros de un grupo armado no identificado.
«En Mercaderes: NO son guerrilleros, NO son exguerrilleros, NO son paramilitares, NO son narcotraficantes, NO son delincuentes. SON campesinos, humildes, pobres, sobreviven, trabajan con su comunidad! A 4 masacraron anoche! Le duele a alguien? Palabrería barata! Paren la muerte!!», ha denunciado en Twitter el senador y exgobernador del Cauca Temístocles Ortega.
A estos hechos se suman las acciones violentas que han sembrado el miedo y la preocupación de las comunidades atribuidos por las comunidades indígenas a las fuerzas de seguridad. En ese sentido, la guardia indígena del Cauca ha retenido a 29 soldados y 4 policías. «Aseguran que dispararon contra mujeres de la comunidad del Resguardo Huellas Caloto», ha informado la cadena de televisión TeleSur.
Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y la Alcaldía de Caloto, los uniformados fueron finalmente entregados.
El líder indígena y defensor de derechos humanos Mauricio Capaz ha explicado que tres de los funcionarios reconocieron haber disparado sus fusiles, informa la emisora colombiana W Radio.
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, Colombia sufre una ola de violencia que se debe a la lucha entre grupos rivales para controlar los territorios y negocios de la antigua guerrilla. Líderes sociales, defensores de los Derechos Humanos y excombatientes de las FARC son las principales víctimas. / Europa Press
