El Servicio Jesuita a Migrantes ha lanzado una campaña para pedir al Gobierno que no retome la actividad de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) cuando finalice el Estado de Alarma decretado por la pandemia del coronavirus.
Los CIE son unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Desde el pasado 6 de mayo están totalmente vacíos ante la imposibilidad de ejecutar las repatriaciones de los extranjeros en ellos recluidos por el cierre de fronteras para evitar la expansión del COVID-19, así como por el riesgo para la salud y la vida de los internos y del personal de servicio en los CIE.
Tras su desalojo, el SJM ha puesto en marcha una campaña de firmas en el portal Visibles.org, teniendo en cuenta que «la vuelta a la actividad en CIE en el escenario de desescalada es incierta y poco esclarecedora». Desde el Ministerio del Interior, de quien depende estas instalaciones, señalan que los ingresos dependerán de la reapertura de fronteras internacionales y la posibilidad efectiva de ejecutar órdenes de expulsión.
Tal y como señalan desde el SJM, «el internamiento debería ser el último recurso en todo procedimiento de expulsión, al ser una medida cautelar con unos estrechísimos márgenes de constitucionalidad porque el ordenamiento jurídico prevé medidas alternativas».
En los procesos de devolución, la ley exigiría el internamiento si no se puede ejecutar en 72 horas, sin embargo, en la práctica, se ha revelado una medida «profundamente injusta, arbitraria, aleatoria, que no toma en cuenta las situaciones de vulnerabilidad particulares que desaconsejan solicitar autorización de internamiento».
Por otro lado, esta entidad también incide en que existen «dudas» sobre si los centros tendrían la capacidad para implantar medidas de distanciamiento y prevención higiénica suficientes, dadas las continuas deficiencias estructurales y de servicios que organizaciones sociales, Defensor del Pueblo y juzgados de control han venido denunciando durante los últimos años.
«Hay alternativas menos lesivas para los derechos humanos que el internamiento y además menos gravosas para el bolsillo de los contribuyentes», sostiene el SJM.
Durante la puesta en libertad de los internos durante el Estado de Alarma, desde el SJM aseguran que, en el caso del CIE de Aluche en Madrid, se hizo sin medidas preventivas y sin redes de apoyo local, y algunos internos tuvieron que «dormir en estaciones de autobús» y estuvieron «vagando a la intemperie». Pese a ello, la entidad apunta que España «ha destacado en Europa por su buena práctica durante la crisis del COVID-19 de la progresiva puesta en libertad de las personas extranjeras internadas».
«DEJAR DE VALERSE DEL INTERNAMIENTO COMO MEDIDA CAUTELAR»
«En todo caso, sería más justo que el Gobierno de España deje de valerse del internamiento como medida cautelar. En este sentido, el SJM apela a las instituciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial a detener el internamiento».
Asimismo, insiste en que impartan instrucciones para que determinadas categorías de personas en situación de vulnerabilidad no sean internadas bajo ningún concepto. Este sería es caso de jóvenes cuya mayoría de edad no quede fehacientemente probada; personas necesitadas de protección internacional o con indicios de padecer algún problema de salud física o mental; personas que cuentan con arraigo familiar y social, domicilio propio o redes de apoyo; así como personas con indicios de haber sido objeto de trata.
Desde SJM subrayan que «la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 puede tener efectos importantes en los movimientos migratorios» y «la prolongación de las situaciones de paro entre personas extranjeras con autorización de residencia temporal puede aumentar los casos de irregularidad sobrevenida».
«Es tiempo de diseñar y aplicar políticas que amortigüen el impacto de la crisis y que impidan la irregularidad sobrevenida», tal y como ha expresado SJM en un decálogo de propuestas administrativas. Según defiende, «no es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas y en el internamiento como demostración de fuerza que solo tranquiliza a la opinión pública en el país».
