La pandemia del coronavirus derivó en la declaración del Estado de Alarma en España el pasado 14 de marzo, una circunstancia que ha afectado al derecho de acceso al procedimiento de protección internacional y a la tramitación de los expedientes en curso. Estos trámites son necesariamente presenciales, si bien ante la crisis sanitaria no es posible llevarlos a cabo en los lugares habituales, como las comisarías: quien quiera pedir asilo para acceder a los recursos de acogida deberá ir a las ONG para firmar una ‘declaración responsable’ que refleje la intención de presentar la petición cuando se levante la alarma.
Las restricciones de acceso a territorio español para frenar la propagación del COVID-19 han provocado un desplome de solicitudes de protección internacional presentadas. De acuerdo a datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) recogidos por Europa Press, el número de peticiones de asilo presentadas en marzo bajaron un 44% respecto a febrero.
En marzo se formalizaron 225 solicitudes en puesto fronterizo. «En frontera no hay apenas solicitudes porque no accede gente nueva a territorio, ni por el puesto fronterizo terrestre de Melilla, y tampoco por los de los aeropuertos de El Prat y Barajas, donde más se registran», ha explicado en declaraciones a Europa Press la coordinadora del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres.
Sí siguen registrándose peticiones en territorio (de personas que ya se encuentran en España), aunque también disminuyeron notablemente respecto a febrero: en marzo hubo 7.746 peticiones de asilo en territorio, frente a las 13.565 presentadas el mes anterior. Además, otras 148 personas pidieron asilo en marzo en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), frente a las 262 peticiones registradas durante el mes anterior en estas instalaciones en este periodo de alarma han sido desalojadas ante la imposibilidad de repatriar a los internos a sus países de origen.
‘DECLARACIÓN RESPONSABLE’ ANTE LAS ONG PARA ACCEDER AL SISTEMA DE ACOGIDA
Una de las consecuencias directas del Estado de Alarma es que quien esté en territorio español y quiera pedir asilo, no puede manifestar presencialmente esa voluntad, tal y como está regulado. Así pues, en el contexto actual, quien desee acceder a los recursos de acogida para solicitantes de protección internacional deberá dirigirse a la entidad de primera acogida (CEAR, Cruz Roja o ACCEM).
En estas organizaciones, deberá firmar una declaración responsable que refleje la intención de presentar la solicitud cuando se levante el Estado de alarma, tal y como se recoge en una guía elaborada por el Ministerio del Interior. «Como no se puede pedir cita ni ir a comisaría, a través de esta declaración responsable se permite acoger a gente en primera acogida», ha señalado Favieres.
Hasta el momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha facilitado el dato sobre el número de personas que durante el Estado de Alarma han realizado este trámite para poder entrar en la primera fase del sistema estatal de acogida, cuyo acceso tenía lista de espera antes de la declaración de alarma.
Desde Accem –ONG que cuenta con 3.049 plazas para los programas y servicios de acogida–, han informado a Europa Press de que en medio del Estado de Alarma se están haciendo derivaciones «muy puntuales» a la primera fase de acogida, y son casos de especial vulnerabilidad. En concreto, desde el 14 de marzo –cuando se declaró la alarma–, esta ONG ha acogido a un total de 21 personas nuevas, pero estas habían formalizado su solicitud de asilo antes de que se decretara el Estado de Alarma.
Durante este periodo, las personas acogidas van a poder permanecer en los dispositivos ya que se están prorrogando los tiempos de estancia para así proteger a los beneficiarios. De hecho, se ha suspendido la obligación de disponer de documentación en vigor para seguir percibiendo las ayudas del sistema cuando el motivo sea la imposibilidad de renovar dicha documentación, entre otras medidas adoptadas.
En paralelo, el Gobierno ha prorrogado la validez de la documentación que acredita como solicitantes de asilo, tal y como señala la guía informativa de Interior. En concreto, durante la vigencia del Estado de Alarma se mantiene la validez de la documentación acreditativa de haber manifestado la voluntad de solicitar protección internacional, ya sea el caso de haber presentado la solicitud (resguardo blanco) o en el caso de ostentar ya la condición de solicitante de protección internacional (tarjeta roja), tanto si se disponía de cita en comisaría para renovarla, como si no.
UN PLAN PARA QUE LA SITUACIÓN NO SEA «INMANEJABLE»
Esto se debe a que todas las citas relacionadas con el procedimiento de asilo se han cancelado ante la crisis sanitaria del COVID-19; si bien, el Gobierno se ha comprometido a «resignar la citas» cuando se recupere la normalidad.
Al respecto, Cristina Domínguez, del programa de Refugiados de Cruz Roja, ha expresado a Europa Press su preocupación ante la posibilidad de que haya «colapso» en los trámites de Extranjería una vez finalice el Estado de Alarma. «Creemos que sería necesario un plan escalonado de vuelta a la normalidad para que no se acumulen todos los trámites pendientes de golpe, y la situación sea inmanejable», ha manifestado.
Según ha remarcado, «sería necesario re-evaluar los recursos disponibles y establecer los refuerzos necesarios, o flexibilizar los trámites de manera que haya ciertas cosas que pudieran gestionarse de manera telemática», como por ejemplo, la renovación de la documentación caducada.
Con el objetivo de agilizar los procesos cuando finalice la alarma, desde CEAR han reivindicado la necesidad de crear un registro de las solicitudes de protección internacional, tal y como ha recomendado la Comisión Europea y ACNUR en sus directrices en materia de asilo durante la pandemia. «Cuando se levante el Estado de Alarma: ¿Cómo se van a tramitar todas las citas sobre solicitudes sin haber un registro?», ha cuestionado.
Por su parte, el abogado de extranjería y refugio en el SJM, Diego Fernández-Maldonado, ha afirmado que el Estado tendrá que «generar recursos y ampliar la atención» para todas esas personas que «tienen la obligación y el derecho de documentarse». «Confío en que el Estado esté a la altura y, ante esta situación de excepcionalidad, los derechos de las personas migrantes estén garantizados el día de después», ha dicho a Europa Press, avisando de que el sistema de citas en la comisaría de Extranjería de Aluche (Madrid) ya «estaba colapsado» antes de la pandemia. / Europa Press
