Un millar de asociaciones y colectivos que integran la plataforma #RegulazaciónYa ha enviado este martes a lo partidos políticos una propuesta para incluir entre los beneficiarios del ingreso mínimo vital a las personas migrantes no regularizadas.
En la propuesta sobre la renta mínima que defiende la plataforma, considera que la inclusión de las personas en situación administrativa irregular como posibles peticionarias de la prestación responde a «la urgencia que están viviendo los distintos colectivos en la actualidad por no poder hacer frente al pago del alquiler, imposibilidad o dificultad de pagar comida, facturas o insumos básicos».
Asimismo, las entidades han recordado que este planteamiento inicial se enmarca en «un objetivo mayor que es el de la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria», señala el informe.
La portavoz de esta iniciativa y secretaria de Servicio Doméstico Activo, Edith Espinola, ha comentado que «el ingreso mínimo vital otorgaría esa protección que hasta ahora el Gobierno no ha ofrecido para más del 40 por ciento de las trabajadoras de hogar que quedaron fuera del subsidio».
«Para que llegue a todas las que estamos trabajando en primera línea, cuidando a la población, tienen que estar incluidas las mujeres sin residencia legal, aquellas que la Ley de Extranjería obliga a trabajar en la economía sumergida», ha indicado Espinola.
Por otra parte, la plataforma ha recordado que desde el pasado 21 de abril, las personas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, van a poder acceder a la prestación del ingreso mínimo vital aun estando en situación administrativa irregular.
Por ello, desde #RegularizacionYa instan al Gobierno a que su alcance se extienda a «todas las personas en situación administrativa irregular, siguiendo el ejemplo de Canarias y Baleares que ya ha incorporado en sus rentas a personas migrantes en estatus irregular».
Asimismo, desde el movimiento se exige que se pongan en marcha mecanismos de protección para que la solicitud y recepción de la prestación sea un proceso seguro para las personas en situación irregular sin exponerlas a posibles órdenes de expulsión o cualquier otro tipo de racismo institucional.
«El Estado debe asumir su responsabilidad e incluirnos en el ingreso mínimo vital, independientemente de nuestra situación administrativa irregular, con todas las garantías de confidencialidad y el compromiso de que luego no suframos ningún tipo de persecución», ha indicado Kenia García, portavoz de #RegularizacionYa y miembro del colectivo Prostitutas de Sevilla.
#RegularizacionYa recuerda finalmente que alrededor de 600.000 personas en situación administrativa irregular están «en un limbo vital y administrativo debido a una Ley de Extranjería que les obliga a pasar al menos durante tres años en este estatus». Las entidades defienden un nuevo marco que «debe situar el reconocimiento de las personas migrantes como sujetos de derecho para, de este modo, garantizar la protección de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad». / Europa Press
