El Tribunal Supremo de Perú ha confirmado este martes una sanción de 24,1 millones de soles (poco más de seis millones de euros) a las empresas Praxair Perú y Air Products por repartirse de manera ilegal el mercado del oxígeno en el país andino.
El Alto Tribunal ha avalado una resolución de hace siete años del INDECOPI, el instituto estatal peruano que vela por los intereses de los consumidores, en la que señalaba cómo ambas compañías se repartieron entre 1999 y 2004 y de manera ilegal contratos del Seguro Social de Salud de Perú (EsSalud) valorados en 369 millones de soles (94 millones de euros).
Según la investigación de INDECOPI, informa el diario peruano ‘La República’, ambas empresas acordaron repartirse el mercado del oxígeno en Perú, presentándose juntas pero simulando competir en las licitaciones públicas de EsSalud.
La decisión tiene lugar en medio de la situación de crisis sanitaria que vive el país a causa de la COVID-19, donde las últimas cifras han registrado un total de 237.156 casos y 7.056 muertes.
El oxígeno se ha convertido en un bien escaso en todos los hospitales del país, lo que ha provocado que sean los propios pacientes quienes porten sus propias bombonas a los centros hospitalarios.
Esto ha provocado especulación y un aumento de los precios debido a la ley de la oferta y la demanda, y son comunes en Perú las imágenes de personas haciendo cola en las calles de varias ciudades para poder rellenar sus balones de oxígeno.
Los precios han variado según la región, pero se ha pasado de un precio promedio de 250 soles (60 euros) a 1.300 soles (330 euros) en Cusco.
De acuerdo con una investigación del programa Cuarto Poder de la televisión peruana, el problema radica en un decreto del año 2010, durante el segundo mandato del malogrado Alan García, en el que tan sólo se podía comercializar con oxígeno que alcanzase cotas de pureza entre el 99 y el 100 por ciento.
Esto provocó que hospitales y centros de salud dejasen de adquirir oxígeno que rondaba el 90 y el 95 por ciento de pureza.
Desde entonces, cientos de empresas que producían este oxígeno medicinal dejaron vender al Estado, por lo que ahora las autoridades cuentan con menos alternativas para hacerse con él, ya que las dos únicas empresas capacitadas no disponen de la capacidad necesaria para generar el suficiente durante la crisis sanitaria. / Europa Press
