No podrán optar al ingreso mínimo vital porque no cumplen el requisito de llevar un año de residencia legal en España
Rosialys, venezolana de 28 años, llegó a Madrid junto a su pareja, Ronny, el pasado 15 de marzo, un día después de que el Gobierno de España declarara el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus Covid-19. Venían de su país huyendo de la situación allí y tras ser víctimas de varios intentos de secuestro. Querían trabajar y tener una mejor calidad de vida, pero la situación de confinamiento les ha impedido iniciar los trámites para regularizar su situación. Ahora comparten piso con otras tres familias y han tenido que acudir a Cáritas para recibir ayuda alimentaria.
«Decidimos emigrar porque la situación en Venezuela era insoportable, la calidad de vida no existía, la delincuencia y el secuestro lo vivimos en carne viva, en varias ocasiones. Además, la salud pública, todo, es terrible. Pero más que todo, porque habíamos tenido varios intentos de secuestro», explica Rosialys en una entrevista con Europa Press.
Rosialys es psicóloga clínica y tiene un master. En Venezuela trabajó tanto en el sector público como en el privado, pero según explica, su sueldo apenas llegaba a los 8 dólares mensuales, incluso combinando dos empleos. A la joven le pesaba que después del sacrificio que hicieron sus padres para que ella estudiara, ahora ella no pudiera ayudarles.
Por ello, desde España quería trabajar para poder ganar un sueldo digno y ayudar a su familia en Venezuela pero no estaba en sus planes encontrarse con una situación de confinamiento. «Jamás me hubiera imaginado que nos pasara esto al llegar a España, sientes frustración, desespero, tristeza, todo eso lo hemos vivido», comenta.
Nada más llegar al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas se vieron en la necesidad de pedir prestado el teléfono a otra viajera para poder llamar a un hotel económico provisional hasta encontrar una habitación. Si bien, en ese hotel les dijeron que solo podían quedarse una noche debido a la situación de Estado de Alarma. Se pusieron a buscar por distintas aplicaciones y solo una propietaria les quiso recibir al día siguiente. Se trataba de una habitación en un piso compartido, por 500 euros más gastos.
«Era demasiado presupuesto, pero fue la única que nos podía recibir ese día, otras decían que después del confinamiento, así que fuimos a esa habitación y nos quedamos», cuenta Rosialys, que llegó a España con un pequeño colchón que se les está agotando. «El dinero se nos iba», asegura.
Por ello, siguieron buscando y encontraron la habitación donde residen actualmente, en un piso en el centro de Madrid, que comparten con otras tres parejas y otras dos personas. Pagan 450 euros con los gastos incluidos y la casera ha sido flexible. Si bien, solo pueden estar hasta julio, por lo que en junio prevén que comenzará de nuevo «la odisea» de buscar otra vivienda.
En estos meses han intentando ahorrar en comida, privándose de carne y pescado e incluso a veces alargando la comida para que también sirviera como cena. Ante esta situación, finalmente, hace dos semanas decidieron contactar con Cáritas donde les han ayudado con comida. «La semana pasada fuimos a uno de sus centros, había una fila, y allí nos dieron los alimentos», recuerda.
En cuanto al trabajo, a Rosialys le encantaría poder empezar a trabajar como psicóloga pero, según precisa, hasta la fase 2 de la desescalada (que en Madrid no llegará antes del 8 de junio, como pronto) no podrá ir a la jefatura para comenzar los trámites para regularizar su situación en España.
VOLUNTARIA EN CRUZ ROJA
Mientras tanto, cuenta que a su pareja le llegó al móvil un anuncio de Cruz Roja pidiendo voluntarios y ella no dudó ni por un momento ofrecerse para colaborar con el servicio de apoyo y acompañamiento psicosocial Cruz Roja ‘Te Escucha’, que la ONG ha puesto en marcha en el marco de la pandemia.
«Estoy colaborando como psicóloga, las personas llaman por problemas de ansiedad, depresión o angustia. Voy una vez a la semana, iría todos días, pero tengo una tarjeta de 10 viajes del metro y económicamente no puedo permitirme ir más días», explica Rosialys, convencida de que hay que ayudar a los demás y esperanzada por que en el futuro mejore su propia situación.
Esta pareja venezolana, al menos por el momento, no podrá acceder al ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobó este viernes porque para ello los beneficiarios deben llevar al menos un año residiendo de forma legal en España.
Por ello, a Rosialys y Ronny les parecería «maravilloso» que se cumpliera lo que están pidiendo más de 1.000 organizaciones que están solicitando la regularización urgente de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España durante la pandemia del COVID-19.
«Creo que las dos partes se beneficiarían, el gobierno y nosotros los extranjeros, porque la idea es sumar, dar una mano productiva para el país. Sería una excelente noticia, para mí sería todo un poco más fácil», afirma./ Europa Press
