El movimiento #RegularizacionYa, apoyado por más de un millar de ONG y colectivos en defensa de las personas migrantes y antirracistas, se ha manifestado ante el Congreso para pedir una regularización «urgente, permanente y sin condiciones» de las personas que están en situación administrativa irregular. «España tiene una deuda pendiente con los migrantes que hemos estado en primera línea durante la pandemia», ha afirmado Seydou Diiop, portavoz de la campaña #RegularizaciónYa.
Durante el Estado de Alarma decretado por la pandemia del COVID-19, se lanzó en redes la campaña #RegularizaciónYA a la que se han sumado más de 1.000 organizaciones y colectivos. En este periodo, varios grupos parlamentarios como ERC o Podemos, socio de Gobierno, han hecho esta solicitud al Ejecutivo.
En este contexto, centenares de personas se han manifestado ante el Congreso este viernes, en el marco de la presentación pública de la Proposición No de Ley redactada por el movimiento #RegularizacionYa y la Coordinadora Obrim Frontera y que fue registrada el pasado día 19 en la Cámara Baja con el respaldo de ocho partidos: ERC, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos- En Comu Podem- Galicia en Común, Euskal Herria Bildu, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y el Grupo Parlamentario Plural (Más País Equo, Compromís, Junts Per Catalunya y BNG).
En la PNL, además de instar al Gobierno a iniciar un proceso de regularización de las más de 600.000 personas ‘sin papeles’ en España, también denuncian las «precarias condiciones laborales, la desprotección y explotación» del colectivo. «La regularización es un derecho fundamental y con voluntad política se puede conseguir. No podemos hablar de una nueva normalidad si no es con igualdad de condiciones de todas las personas», han defendido los impulsores de la PNL.
«SIN DERECHOS Y SIN DERECHO A QUEJARNOS»
Seydou, uno de los portavoces de la campaña #RegularizacionYa, ha afirmado que el colectivo de personas en situación irregular «ha dado de comer a España y a Europa» durante esta crisis, cobrando salarios «miserables». «Sin derechos, y sin derecho a quejarnos», ha destacado Seydou, también portavoz de los temporeros en los campos de Huelva y que, tal y como ha aseverado, viven en «asentamientos chabolistas sin agua potable y a veces durmiendo en calle».
«La política migratoria actual restringe y condiciona la posibilidad de una vida y trabajo digno, y cuando lo permite, las personas migrantes trabajadoras están expuestas a mayores índices de desempleo e inestabilidad laboral», se apunta en la exposición de motivos de la PNL. En ella, agregan que la crisis del COVID-19 «ha puesto en evidencia» que es la población migrante, particularmente la que está en situación irregular, la que padece «en mayor medida los efectos de las políticas de ajustes en los ámbitos sanitario, social, laboral y económico».
Según remarcan, la reconstrucción del país «exige no dejar a nadie fuera», y menos a quienes están en riesgo de exclusión y vulnerabilidad. En este contexto, ven «urgente» que el Gobierno, las comunidades autónomas y todas las administraciones tomen medidas «integrales e inclusivas» para proteger y reconocer los derechos humanos de todas las personas que hay en España.
«Antes de migrantes somos humanos», ha manifestado Geovana Bermúdez, también portavoz de la campaña y de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, insistiendo en que esta regularización es «una oportunidad» para, entre otras cosas, el sostenimiento de las pensiones. «Somos una parte fundamental antes y durante y lo seremos después de la pandemia», ha remarcado, para después denunciar que las empleadas hogares en situación irregular siguen «discriminadas», «bajo la economía sumergida» y sin acceso a las ayudas por la pandemia.
«Estamos cansados ya. No queremos ser la mano barata de este país. Queremos exigir nuestros derechos», ha afirmado el portavoz del sindicato de manteros de Barcelona, provocando los aplausos entre los asistentes. A la presentación pública de la PNL han asistido representantes de los ocho partidos que la respaldan, entre ellos la diputada de ERC Maria Dantas, que ha destacado que el Gobierno «hoy mismo puede hacer realidad» la regularización a través de la aprobación de un decreto ley.
CRITERIOS ESPECIALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO
Con esta PNL reclaman un proceso de regularización de carácter permanente, «proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación». En concreto, piden la concesión de autorizaciones solicitadas y en vigor antes del Estado de Alarma; y para las solicitudes de residencia sin permiso de trabajo, instan a que se conceda «de todos modos», incluso a partir de los 16 años; así como la resolución «favorable» de todas las solicitudes en trámite.
Asimismo, apuestan por la aplicación del artículo 127 del Reglamento de Extranjería «para seguir concediendo el permiso de residencia y trabajo» a todo el que lo solicite, de manera temporal por un periodo de 5 años. Dicho permiso, según exponen en el texto de la iniciativa, autorizará «a la residencia y trabajo «por cruenta ajena y propia sin ningún tipo de limitación, ni territorial ni sectorial» y conllevará la asignación «automática» de un numero de afiliación a la Seguridad Social.
Para los colectivos impulsores de la PNL, los requisitos para disfrutar de todo lo expuesto anteriormente será la acreditación de la identidad del solicitante mediante su empadronamiento y su residencia en España, «al menos, desde el 14 de marzo de 2020», día de la declaración de la alarma.
En el texto, piden que la renovación de este permiso de residencia y trabajo se realice «automáticamente y de oficio» tras la comprobación de que la persona ha residido en España «de forma legal y continuada durante los 5 años previos». En concreto, «corresponderá otorgarle la residencia de larga duración permanente con una validez de 10 años», tal y como reclaman.
Por otro lado, para solicitantes de asilo, los colectivos piden la concesión de permisos de trabajo junto con el permiso de residencia «desde el momento de la solicitud de protección internacional», así como la asignación de un número de afiliación a la Seguridad Social. En caso de archivo o denegación de la petición de asilo, según sostienen, «accederá al régimen general expuesto con permiso inicial de 5 años de residencia y trabajo, renovable automáticamente si se mantiene la estancia en el país».
Además de pedir que se resuelva el expediente de protección internacional en un plazo de 180 días, quieren que se flexibilice la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones familiares de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía. «Tenemos derecho a estar con nuestra familia. Eso no es caridad, es justicia social», ha dicho Edith Espinola, portavoz de Regularización Ya, durante la rueda de prensa.
De igual modo, en la PNL defienden que se conceda permiso de residencia y trabajo a jóvenes extutelados por la Administración y que no disponen del permiso de residencia. Para ellos, reclaman la concesión «inmediata» del permiso de trabajo «en cualquier sector económico e independientemente de su actividad laboral», y también con una duración de 5 años la posterior renovación automática.
