El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha avisado este miércoles al sector de las clínicas de salud privadas de que será expropiado si en 48 horas no se logra un acuerdo sobre las tarifas que aplicarán a los pacientes de la COVID-19 que hagan uso de sus unidades de cuidados intensivos.
«La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas. No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo y esperamos que así sea», ha anunciado Vizcarra durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Gobierno.
Si bien el presidente peruano ha señalado que «el derecho a la propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza», el Gobierno, «con la ley en la mano», pondrá «la oferta privada a disposición del ciudadano», de igual modo que «hay un esfuerzo para mejorar la oferta del sistema de salud pública»
Vizcarra ha apelado al artículo 70 la Constitución peruana, así como a la propia Ley General de Salud, para tomar esta posible decisión, después de que clínicas privadas hayan sido fuertemente criticadas durante las últimas semanas debido a los altos precios que cobran para atender a enfermos de la COVID-19.
«Tenemos los argumentos legales», ha remarcado Vizcarra, para quien esta decisión es una «salida legal a un caso extremo», por lo que, ha dicho, «se da un plazo perentorio de 48 horas, con la mayor disposición de encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes».
En caso contrario, señala, se tendrá «que usar la oferta privada a precio razonable», ha señalado el presidente peruano durante una comparecencia para hacer balance de la situación de la COVID-19 en el país.
La Constitución peruana, en su artículo número 70, contempla la posibilidad de expropiar un bien privado por causa, exclusivamente, de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de una indemnización que incluya una compensación por el eventual perjuicio que se pudiera ocasionar.
La situación de las clínicas privadas, cuyas tarifas fueron calificadas de «exorbitantes» por la Superintendencia Nacional de Salud, se asemeja a la del sector del oxígeno embotellado en Perú, donde la escasez de este bien ha provocado no ya sólo la subida de los precios, de un promedio de 250 soles (60 euros) a 1.300 soles (330 euros) en ciudades como Cusco, sino también que sean los propios pacientes quienes tengan que llevar sus propios balones a los hospitales.
Después de que se hayan cumplido cien días desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria, Vizcarra ha lamentado que su Gobierno tenga que hacer frente a las críticas de aquellos que exigen que en ese periodo de tiempo se resuelvan «los problemas estructurales» que arrastra Perú, ha dicho, desde hace un siglo.
«Algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en cien días, los que no se han resuelto en cien años. Nos reclaman porque no hemos resuelto los problemas de salud, la brecha en educación, los problemas sobre una adecuada digitalización, por qué no ofrecemos facilidades para que se eviten las grandes colas entre los beneficiarios de los bonos», ha enumerado Vizcarra.
«Para hacer un balance objetivo y transparente es necesario conocer cuál era la situación y cuál era nuestra realidad al inicio de esta pandemia», ha aseverado Vizcarra, quien ha recordado cómo antes del inicio de la crisis sanitaria ya existía «un sistema de salud tan precario, que ponía en alto riesgo la salud y la vida de todos los peruanos».
El Ministerio de Salud de Perú ha informado este miércoles de un total de 264.689 casos de la COVID-19 y 8.586 víctimas mortales, mientras que Lima sigue siendo la región que con diferencia ha registrado mayor número de contagios, 149.377 y cerca de 4.000 fallecidos./ Europa Press
