El Gobierno español, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado este martes la extradición a Perú del exmagistrado César José Hinostroza Pariachi por los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La decisión llega después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara el pasado 23 de septiembre la entrega del juez de la Corte Suprema de Perú. Las autoridades peruanas le reclamaban también por el presunto delito de organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluirlo al entender que no se dan los «datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación concreta de cada uno de los miembros.
La Audiencia Nacional explicó en su auto que en los hechos incluidos en la solicitud de extradición se describen conductas del exjuez que podrían integrar los delitos de tráfico de influencias, en cuanto que suponen el ejercicio de influencia y presión moral eficiente, aprovechando su cargo como juez supremo «y su amistad con los influidos que sabe le guardan lealtad, para obtener resoluciones administrativas guiadas por intereses ajenos a los públicos que deben guiarlas y que han supuesto beneficios económicos para él».
El Ministerio de Justicia explica en un comunicado que la aprobación de la entrega no ha podido producirse antes por varios motivos. En primer lugar, por el largo periodo en funciones durante el cual el Gobierno no podía acordar extradiciones cuando el reclamado se encuentra en libertad (como es el caso); después por el requerimiento para declarar en sede judicial respecto a una segunda solicitud de extradición; y finalmente, por la crisis sanitaria del coronavirus por la que se paralizaron todas las extradiciones a causa de la crisis del COVID 19.
El Gobierno peruano, por su parte, ha aplaudido la decisión del Gobierno español y ha señalado que se trata de un «logro de la lucha contra la corrupción», que a partir de la «difusión de audios también impuso importantes reformas judiciales para evitar que esta historia se repita».
En un comunicado recogido por la agencia de noticias Andina, las autoridades peruanas han subrayado que la extradición ha sido concedida después de que el Gobierno formalizara la petición. «Continuaremos haciendo seguimiento a este proceso de extradición, que aprobamos en el 2018, en cumplimiento de nuestra promesa a la ciudadanía de combatir la corrupción y la impunidad, apelando a las instancias nacionales e internacionales», reza el texto.
El ministro de Justicia del país latinoamericano, Fernando Castañeda, ha afirmado que las autoridades esperan que Hinostroza regrese a Perú este mismo año. «Esto ya depende de los plazos procesales en España. Hay que tener en cuenta que allá se encuentran con el tema de la COVID-19 también y esto, aproximadamente, entre dos y cuatro meses debe estarse resolviendo su apelación por un pedido de asilo», ha detallado.
En una entrevista con Canal N, ha expresado que su extradición «reafirma la cooperación jurídica entre los dos países para acabar con la corrupción» y ha manifestado que lo importante es que «estamos en el camino correcto».
«Se están dando los pasos adecuados y el señor Hinostroza va a rendir cuentas ante la Justicia peruana», ha argumentado Castañeda, antes de insistir en que se están «coordinando esfuerzos» entre los dos estados.
EN LIBERTAD PROVISIONAL
Hinostroza huyó de su país el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo. Como consecuencia de una orden internacional emitida por las autoridades peruanas, fue detenido y enviado a prisión provisional por riesgo de fuga tras declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. No obstante, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró, en un auto con fecha del 13 de mayo de 2019, procedente la extradición de manera parcial, accediendo a la entrega para su enjuiciamiento por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, pero denegó la entrega por organización criminal.
Esta decisión fue confirmada por el Pleno de la Sala en septiembre de 2019, tras desestimar el recurso del propio exmagistrado como de la Fiscalía y la representación peruana, que insistían en incluir el delito descartado.
A esta primera solicitud de extradición se suma otra, emitida el pasado mes de febrero con la intención de ampliar la solicitud de extradición para el enjuiciamiento por hechos que no integraron la petición original.
UNA SEGUNDA RECLAMACIÓN
La nueva reclamación incluye un presunto delito de cohecho activo, ya que, según las autoridades peruanas, Hinostroza entregó la cantidad de 10.000 dólares a una funcionaria pública encargada del control de migraciones en la localidad de Tumbes.
Su objetivo era impedir que se activase la alarma de prohibición de salida del país, conforme a lo establecido en una orden judicial, logrando así salir de Perú y llegar a territorio ecuatoriano, para desde allí viajar a España, señala el Ministerio de Justicia.
El Consejo de Ministros acordó el pasado 3 de marzo de 2020 la continuación en vía judicial del procedimiento de ampliación de la extradición y, actualmente, se encuentra pendiente de decisión por la Audiencia Nacional.
César Hinostroza critica el tono «triunfalista» de Perú y recuerda que su asilo está «pendiente»
El ex juez ha considerado «un poco exagerado» el tono «triunfalista» del Ejecutivo peruano, recordando que las autoridades españolas aún deben resolver la solicitud de asilo que hizo en 2018 nada más llegar a Madrid. «Está pendiente de resolver», ha recalcado.
También ha criticado que celebren su futura extradición «como si se tratara de traer a un peligroso delincuente». «La verdad es que me han condenado públicamente (…) A mí me han satanizado», ha denunciado, indicando que el Gobierno estaría usando su caso para tapar las «evidencias de corrupción» en las «altas autoridades del Estado».
Frente a todo ello, ha asegurado que no solo acatará su extradición sino también «la decisión que corresponda» sobre su petición de asilo. «Yo voy a enfrentar en su momento con la ley en la mano para que se haga Justicia», ha declarado./ Europa Press
